Conecta con nosotros

México

Prisión Preventiva es una pena anticipada | Laura Contreras

“Las decisiones jurisdiccionales se acatan, no se cuestionan”, señaló la diputada federal Laura Contreras, previo al análisis que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la prisión preventiva de oficio por ser inconvencional.

La legisladora señaló que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con ayuda de la pasada legislatura, han creado un sistema penal más inquisitivo, que va en contra de los criterios que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Laura Contreras, añadió que ha sostenido pláticas con abogados reconocidos de la Ciudad de México, quienes le han explicado que tener a una persona en prisión sin tener una sentencia, es una pena anticipada.

“Algunos delitos deben tener la prisión preventiva, pero justificada. Como ejemplo te puedo mencionar lo que vivió Chihuahua en la pasada administración, donde por medio de esta medida cautelar, se cometieron un sin número de violaciones a derechos humanos a exfuncionarios y seguramente el Estado tendrá que indemnizar”, señaló la legisladora.

Añadió que los diputados de Acción Nacional respetarán la postura que tome el máximo tribunal y se pronunció en contra de los ataques hacia los ministros por parte del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, desde la mañanera.

Recordó que los ministros sesionarán el próximo cinco se septiembre y estará atenta a la resolución que salga de esa nueva reflexión, ya que es posible que los legisladores tengan que hacer modificaciones al artículo 19 de la Constitución.

Cabe señalar que, en la audiencia del viernes 26 de agosto, los abogados de la Corte Interamericana analizaron el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, dos ciudadanos mexicanos quienes permanecieron en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años, por su presunta participación en el asesinato de María de los Ángeles Tamez Pérez, ex regidora de Atizapán, Estado de México.
La Corte determinó que García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron incriminados por las autoridades mexiquenses mediante detenciones arbitrarias y tortura, lo que significa que no tuvieron un juicio justo ni una sentencia, siendo legalmente inocentes.

Fuente Todo Es Política 

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto