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Prisión Preventiva es una pena anticipada | Laura Contreras

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“Las decisiones jurisdiccionales se acatan, no se cuestionan”, señaló la diputada federal Laura Contreras, previo al análisis que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la prisión preventiva de oficio por ser inconvencional.

La legisladora señaló que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con ayuda de la pasada legislatura, han creado un sistema penal más inquisitivo, que va en contra de los criterios que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Laura Contreras, añadió que ha sostenido pláticas con abogados reconocidos de la Ciudad de México, quienes le han explicado que tener a una persona en prisión sin tener una sentencia, es una pena anticipada.

“Algunos delitos deben tener la prisión preventiva, pero justificada. Como ejemplo te puedo mencionar lo que vivió Chihuahua en la pasada administración, donde por medio de esta medida cautelar, se cometieron un sin número de violaciones a derechos humanos a exfuncionarios y seguramente el Estado tendrá que indemnizar”, señaló la legisladora.

Añadió que los diputados de Acción Nacional respetarán la postura que tome el máximo tribunal y se pronunció en contra de los ataques hacia los ministros por parte del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, desde la mañanera.

Recordó que los ministros sesionarán el próximo cinco se septiembre y estará atenta a la resolución que salga de esa nueva reflexión, ya que es posible que los legisladores tengan que hacer modificaciones al artículo 19 de la Constitución.

Cabe señalar que, en la audiencia del viernes 26 de agosto, los abogados de la Corte Interamericana analizaron el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, dos ciudadanos mexicanos quienes permanecieron en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años, por su presunta participación en el asesinato de María de los Ángeles Tamez Pérez, ex regidora de Atizapán, Estado de México.
La Corte determinó que García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron incriminados por las autoridades mexiquenses mediante detenciones arbitrarias y tortura, lo que significa que no tuvieron un juicio justo ni una sentencia, siendo legalmente inocentes.

Fuente Todo Es Política 

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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