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México

Propone AMLO desaparecer al INE y a los pluris

La iniciativa de Reforma Electoral que enviará hoy el Ejecutivo a la Cámara de Diputados plantea la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la disminución de consejeros electorales y eliminación de legisladores plurinominales a nivel federal y estatal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa durante la conferencia de prensa matutina en donde además de que se someterán a elección los magistrados y consejeros del nuevo órgano electoral, se plantea también la disminución de regidores en los municipios.

Que el pueblo sea el que elija, es en esencia lo que estamos proponiendo. Va haber un debate muy bueno, porque es un tema de primera y por si fuese poco nos vamos ahorrar más de 20 mil millones de pesos, porque se van a terminar las duplicidades. No tenemos un solo organismo que organice las elecciones en todo el País, un aparato burocrático, onerosos, sueldos elevadísimos, además se reproduce el mismo esquema en los estados, otra situación importante es la de los regidores para los municipios”, dijo.

De acuerdo con Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), explicó que con la reforma el gobierno federal se ahorrará 24 mil millones de pesos.

Desaparecen pluris

La reforma plantea la desaparición de los legisladores plurinominales para que la Cámara de Diputados quede conformada por sólo 300 diputados y el Senado de la República a 96.

La medida también abarca a los congresos locales en donde se permitirá un mínimo de 15 y un máximo de 45 legisladores y en los municipios plantean reducir el número de regidores con un límite de hasta nueve de forma proporcional a la población de cada municipio.

La propuesta incluye la elección de los consejeros y magistrados mediante el voto popular el primer domingo de agosto, postulados por los Poderes de la Unión.

Desaparecen los OPLEs

Desaparecen los órganos electorales locales (OPLEs) y los tribunales electorales locales.

Hay un cambio de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que sean elegidos por un sistema de“representación pura”, donde el porcentaje de votos que obtenga el partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos.

Además, se plantea la eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación sólo para financiar campañas electorales.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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