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Política

Proponen sancionar con multas y trabajo discriminación

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A fin de evitar que los servidores públicos cometan actos de discriminación, el diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN), presidente de la Comisión de Gobernación, impulsa una iniciativa para sancionarlos con amonestación, disculpas públicas, trabajo comunitario o multa de 30 a 300 días de salario mínimo.

El diputado señaló que actualmente si un servidor público comete un acto discriminatorio contra un ciudadano las consecuencias son nulas, ya que si bien existe en la legislación un procedimiento específico a seguir, denominado “de reclamación”, con sus plazos, audiencias y etapas procesales, lo cierto es que simplemente se llega cuando mucho a una “conciliación”.

De igual manera, añadió, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación no establece sanciones claras, determinadas y expresas para las conductas que prohíbe, propiciando impunidad y, en consecuencia, en los hechos, no se logran los fines de la ley, lo que la hace ineficaz y de poca utilidad social.

El legislador reconoció que se ha avanzado y en 15 estados de la República y el Distrito Federal ya se tiene una norma contra la discriminación, pero sólo en Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Estado de México y Baja California Sur hay sanciones administrativas.

Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán aún no cuentan con una legislación que prevenga la discriminación, pero Aguascalientes, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, a pesar de no contar con una ley en la materia, consideran la discriminación como delito, agregó el diputado.

Castilla Marroquín recordó que México fue el primer país que propuso el respeto de los derechos indígenas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, todavía se discrimina en diversas partes del territorio nacional no sólo por origen étnico, sino también por sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.

Recalcó que los servidores públicos tienen la obligación de observar en su conducta un trato de respeto, diligencia, rectitud y no discriminación hacia las personas con las que tienen relación con motivo del cargo que tienen bajo su responsabilidad.

Por ello, agregó, es necesario sancionar ejemplarmente a quienes configuren alguno de los actos que prohíbe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Explicó que la iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, busca fortalecer al Conapred a fin de alcanzar una sociedad más igualitaria y sin prejuicios, dotándolo de herramientas jurídicas para poder sancionar a quienes en uso de sus atribuciones como servidores públicos discriminen a cualquier persona.

Propuso reformar el artículo 72 y adicionar un 83 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para que el Conapred pueda sancionar al servidor público que cometa actos de discriminación con amonestación pública; obligación del infractor de ofrecer disculpas públicas; multa de 30 a 300 días de salario mínimo o trabajo comunitario.

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Dinero

Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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