A menos de 24 horas para que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche los argumentos a favor y en contra de ley antiinmigrante de Arizona, con el fin de decidir sobre su futuro, la comunidad hispana expresó su desacuerdo con esa norma que creen que «legaliza» el perfil racial en el país.

Hace dos años la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, firmó la controvertida legislación, la primera en el país en criminalizar a los indocumentados, dando pie a un debate a nivel nacional sobre el poder que tienen los estados para aplicar leyes migratorias.

Así, en un caso histórico, el Supremo tribunal deberá decidir sobre la facultad que tienen los estados para promulgar sus propias leyes migratorias, competencia del Gobierno federal.

La gobernadora ha dicho que firmó esta ley en respuesta al fracaso del Gobierno federal por asegurar la frontera, ya que, asegura, Arizona ha sufrido los efectos de la violencia generada por la inmigración ilegal.

Mientras ambas partes se preparan para presentar mañana sus argumentos orales ante el máximo tribunal del país, miembros de la comunidad hispana en Arizona realizan eventos para expresar su rechazo a esta legislación.

El lunes, más de 100 personas se presentaron a las puertas del Capitolio estatal en Phoenix, la capital estatal, para participar en una vigilia donde pidieron al Supremo eliminar por completo esta legislación.

Simultáneamente se llevó a cabo un foro comunitario en la Universidad Estatal de Arizona, donde se discutieron las implicaciones que esta medida ha tenido dentro y fuera del estado.

El miércoles, después de que el Tribunal Supremo escuche los argumentos se prepara una marcha en Phoenix y otra en Tucson, en el sur del estado.

Las protestas se extendieron a otros estados y esta noche grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes realizaron una vigilia en Los Ángeles (California) , en la que llamaron a que se declare inconstitucional la medida de Arizona, que califican como «una de las leyes de inmigración más duras e insensibles» .

El lema de la protesta -que reunió a cientos de personas- destacó la importancia de tener «una sola nación, indivisible y no una confusa colcha de retazos» de leyes estatales.

Por su parte, la gobernadora Brewer indicó ayer que Arizona no se encuentra solo en esta lucha.
«A pesar de todas las mal interpretaciones y retóricas en contra de la SB1070, el apoyo del público hacia esta legislación es más fuerte que nunca» , sostuvo la gobernadora.

El máximo tribunal del país analizará la constitucionalidad de cuatro secciones de la SB1070 que fueron previamente suspendidas por la juez federal Susan Bolton en Arizona antes de que entrara la legislación en vigor en julio de 2010.

El punto más controvertido es la sección que exige a todo agente del orden en Arizona verificar el estatus migratorio de los individuos «sospechosos» de estar ilegalmente en el país.

Se prevé que el Supremo dé a conocer su decisión sobre el caso antes de su receso a finales de junio.

Este martes, el Senado acogió una audiencia sobre la polémica ley, en la que se adelantaron los argumentos que se presentarán en la vista de mañana.