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México

¿Pueden escuelas incrementar colegiatura? Profeco responde

En los últimos días, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el próximo ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto con un modelo educativo a distancia, sin embargo, existen muchas dudas entre los padres de familia sobre el regreso a clases.

Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) respondió las preguntas más frecuentes que surgen entre las familias.

¿Pueden las escuelas incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar?
La Profeco señala que esto no debe pasar en ninguna institución a menos que se acuerde con la mayoría de los padres de familia, mediante una convocatoria que emita la escuela y justifique por causas de fuerza mayor que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación del plantel.

¿Por la pandemia, los padres de familia tienen derecho al reembolso del pago de las reinscripciones o colegiaturas?
De acuerdo con la Profeco, a pesar de que se tiene establecido que los padres deben avisar con dos meses de anticipación al inicio del ciclo escolar, las escuelas deben ser flexibles ante la situación particular que vive el país y devolver los montos pagados, a fin de que los padres de familia tengan oportunidad de inscribir a sus hijos en la institución educativa que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Con qué plazo cuentan los padres de familia para pagar las colegiaturas?
La dependencia señala que las escuelas deben aceptar sin cargo alguno los pagos de colegiaturas, dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes. Sin embargo, si alguna familia tiene alguna dificultad, se pide que la escuela ofrezca algún esquema de apoyo que permita realizar pagos, sin afectar la educación de los alumnos.

¿Las escuelas privadas pueden negar el servicio si los padres de familia incumplen en el pago de las colegiaturas?
El Acuerdo señala que el incumplimiento de pago de tres o más colegiaturas, equivalentes a cuando menos tres meses, libera a los prestadores del servicio educativo de la obligación de continuar con la prestación.

No obstante, las escuelas deben adoptar todas aquellas medidas que permitan a los alumnos, sobre todo los de educación básica, permanecer en el Sistema Educativo Nacional. Para ello, los colegios deben entregar a los padres de familia, en un plazo no mayor de 15 días a partir del momento en que la soliciten, la documentación oficial que les corresponda, sin costo alguno.

Fuente: Uno TV

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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