México

Quién es culpable: SFP deberá entregar la lista de personas sancionadas por el caso Odebrecht

Published

hace 5 años

Jun 14, 2021

sas

El caso Odebretch en México vuelve al ojo público, luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que a la brevedad, busque entregue los documentos que den cuenta de las personas físicas y morales sancionadas en el mismo.

Pero no es todo, pues dentro de los mismos documentos deberá dar cuenta de las personas relacionadas entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de febrero de 2021, su razón social, así como el tipo de sanción y fecha en que fue impuesta, precisando, en el caso de las multas, si se cubrieron o no.

Al presentar el caso ante el Pleno, el Comisionado Oscar Guerra Ford expuso que, a nivel mundial, diversos servidores públicos han sido sancionados por el caso Odebrecht, como el Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión en 2017, y el ex Gobernador de la región andina de Áncash, en Perú, César Álvarez, sentenciado a ocho años y tres meses de cárcel en 2019.

Y para ejemplificar el tema en México, reveló que a partir de abril de 2020, las empresas Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional S.A. de C.V. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. fueron inhabilitadas para participar en contrataciones públicas de carácter federal.

En este contexto, recordó que en mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública impuso una sanción a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos. Ésta fue su inhabilitación por 10 años para su desempeño en cargos públicos, además de las investigaciones en su contra que actualmente realiza Fiscalía General de la República.

La Secretaría de la Función Pública impuso una sanción a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos: su inhabilitación por 10 años para su desempeño en cargos públicos (Foto: Ben STANSALL / AFP)

El caso inició cuando un ciudadano intentó pedir toda la información antes descrita, pero la SFP señaló que no localizó un documento con las características y el nivel de detalle requerido.

Sin embargo, la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, informó que se han impuesto más de una docena de sanciones a exfuncionarios, personas físicas y empresas, que han derivado en inhabilitaciones hasta por 10 años en el servicio público y sanciones económicas que ascienden a más de mil 639 millones de pesos, sin resolución firme.

Asimismo, la dependencia indicó que tiene investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa en curso y, como dato adicional, refirió la inhabilitación de un funcionario de alto nivel en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tras el análisis del caso, el Comisionado Guerra Ford determinó que la Función Pública no llevó a cabo el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia, pues “no consultó a todas las unidades administrativas competentes para conocer la información solicitada.”

Fotografía de la sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Se comprobó que, además cuentan con la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, la Dirección de Registro de Sancionados, y a la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial, las cuales “cuentan con facultades para representar legalmente a la SFP, sustanciar procedimientos de responsabilidades administrativas e imponer las sanciones.”

También, se advirtió que la interpretación de la solicitud de información fue restrictiva, pues, “si bien la dependencia no contaba con un documento único para atender el requerimiento, está obligada a identificar las distintas expresiones documentales para dar respuesta.”

Se concluyó la SFP debe tener registros, documentos y expedientes sobre las sanciones y multas impuestas, por tanto, no es posible validar el pronunciamiento de que no localizó un documento específico.

Bajo estas consideraciones, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Secretaría de la Función Pública y le instruyó hacer una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, con un criterio amplio, en todas las áreas competentes, sin omitir a las antes señaladas, a fin de que proporcione al particular los documentos que contengan la información requerida.

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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