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Reanuda Japón caza de ballenas tras más de 30 años

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Japón reanudó hoy la caza comercial de ballenas en sus aguas, una práctica que oficialmente no llevaba a cabo desde hace casi 32 años y que motivó que el país abandonara la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que veta la cacería de esos cetáceos.
Dos barcos balleneros y un buque-factoría zarparon hoy desde el puerto de Shimonoseki, en la costa oriental de Japón, donde fueron despedidos por los vecinos, autoridades locales y nacionales y se organizó una ceremonia para desear suerte a los pescadores.

Otros cinco pesqueros partieron desde Kushiro, en la isla septentrional de Hokkaido, para iniciar una campaña ballenera que durará un semestre y para la que la Agencia Pesquera de Japón ha fijado una cuota máxima de 52 ballenas de la especie Minke, 150 de rorcual Bryde y 25 de rorcual común.
La caza de ballenas ha deparado críticas de parte de la comunidad internacional e incluso una sentencia de la Corte de la Haya en contra de Japón, que defiende esta actividad pesquera como parte de su tradición y por su importancia económica pese al escaso consumo que se da actualmente en el país de la carne de cetáceo.

El Ejecutivo nipón ha decidido fijar sus límites de capturas con el objetivo de garantizar «el uso sostenible de recursos marinos» y conforme a «criterios científicos», según dijeron hoy altos funcionarios gubernamentales en una rueda de prensa.

El inicio de la campaña ballenera llega después de que el país anunciara a finales del pasado diciembre que se retiraba de la CBI, de la que era miembro desde 1951, y hasta ahora había respetado la moratoria en la caza comercial de la ballena acordada en 1982.
No obstante, Japón llevaba a cabo lo que llamaba «pesca con fines científicos» de ballenas en el océano Antártico, una práctica que fue declarada ilegal en 2014 por la Corte Internacional de la Haya por no ajustarse a dichos criterios y constituir una posible forma de pesca comercial encubierta, así como en su costa septentrional del Pacífico Norte.

El país asiático reanuda ahora sus capturas comerciales de grandes cetáceos después de tratar de levantar la moratoria fijada por la CBI para garantizar la sostenibilidad de las especies y de encontrarse con una oposición mayoritaria de los otros 88 países miembros, por lo que decidió abandonar el organismo internacional.
Japón considera la caza de ballenas como «parte de su tradición y de su historia», especialmente en localidades costeras como las antes mencionadas, donde la actividad se ha practicado durante generaciones y tiene gran importancia para la subsistencia de sus habitantes, según las citadas fuentes gubernamentales.

Las capturas se llevarán a cabo únicamente en aguas territoriales del archipiélago nipón -las campañas «científicas» en el Antártico han sido suspendidas- y respetando cuotas establecidas que representan menos del uno por ciento de la abundancia estimada de cada especie, según las mismas fuentes.
Las autoridades niponas también destacaron que el número de ejemplares capturados será inferior a los que antes se cazaban «con fines científicos», y subrayan que sus cuotas establecidas son inferiores a las de otros países.

Islandia, Noruega y Rusia practican la caza comercial de ballenas tras presentar objeciones formales a la moratoria de la CBI, mientras que otros estados miembros, como Estados Unidos o Dinamarca, realizan capturas limitadas categorizadas como de subsistencia para comunidades aborígenes.

Excelsior

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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