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México

Régimen de Nicaragua cierra el canal 100% Noticias y arresta al director

Managua, Nicaragua.- Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal de televisión 100% Noticias de Nicaragua, crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció hoy que la Policía Nacional allanó sus oficinas en Managua y detuvo a su director y propietario, Miguel Mora.

Pineda Ubau dijo a través de un audio que agentes policiales y antidisturbios ingresaron a la fuerza a la sede del canal 100%, donde se encontraba Mora, junto a su esposa, la también periodista Verónica Chávez, ella, y otros trabajadores.

La jefa de prensa afirmó que los oficiales se llevaron detenido «injustificadamente» a Mora, quien es director y propietario del canal 100% Noticias.

«Esto es una emergencia», lanzó Pineda Ubau, quien aseguró que el operativo fue liderado por el jefe de auxilio judicial de la Policía Nacional, Luis Alberto Pérez Olivas, acompañado de agentes encapuchados que «vinieron a desmantelar el máster».

La semana pasada, Carlos Fernando Chamorro, director de las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, también denunció la «confiscación» del edificio donde funciona ese grupo de medios y que hasta ahora se mantiene ocupada por policías.

En tanto, el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirar de su menú el canal 100% Noticias a partir de las 21:00 horas de este viernes (03.00 GMT del sábado).

Durante la jornada, además, fueron presentadas dos nuevas denuncias contra Mora por «incitar al odio y al terrorismo desde su medio de comunicación» y las redes sociales.

Con la queja de este viernes, Mora acumula al menos 12 denuncias similares en su contra, todas presentadas por simpatizantes del Gobierno nicaragüense.

Mora, un periodista con pasado sandinista y hoy crítico con el Ejecutivo, ha señalado al Gobierno de Ortega de querer censurar su medio de comunicación por denunciar la represión oficial ejercida desde que estallaron las protestas sociales contra el Ejecutivo, en abril pasado.

Mora ha dicho que las denuncias que en su contra han interpuesto ante el Ministerio Público por presuntamente incitar a la muerte, odio y violencia, tiene como fin el cierre de su medio. Asimismo, ha sostenido que existe desde el oficialismo una campaña de amenazas y persecución en su contra por su posición crítica con el Gobierno.

El asedio a 100 % Noticias ha incluido censura de sus transmisiones, amenazas a periodistas, robo de equipos y ataques de elementos oficialistas a sus instalaciones, según ha denunciado.

Esto es parte de un plan que dentro de muy poco saldrá a luz. Lleva como objetivo terminar con el último reducto que tiene la población de información veraz, para culminar con el plan operativo paramilitar para controlar a la sociedad nicaragüense», denunció Mora entonces, quien ha calificado esas amenazas como «terrorismo de Estado».
Además, ha responsabilizado al presidente Ortega, a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y al jefe de la Policía Nacional y consuegro de los dignatarios, Francisco Díaz, de «cualquier cosa» que le pase a él y a su familia.

El canal 100 % Noticias fue sacado del aire al inicio de la crisis durante seis días, y sus representantes acusaron al Gobierno por dicha acción, supuestamente por transmitir los brotes de violencia de grupos que se oponían entonces a las nuevas medidas de seguridad social en el país.

El pasado 21 de octubre, el director de 100 % Noticias recibió el Gran Premio Libertad de Prensa 2018, que entregó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al periodismo independiente de Nicaragua.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.

Fuente: Tribuna

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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