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Reino Unido castigará a ciudadanos que viajen a zonas terroristas

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Los ciudadanos británicos que viajan a zonas extranjeras designadas como terroristas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión, bajo las nuevas y controvertidas leyes antiterroristas que entraron en vigor hoy en Reino Unido.

La Ley contra el Terrorismo y la Seguridad Fronteriza 2019, vigente a partir de este viernes, fue dada a conocer el año pasado como parte de los esfuerzos para impulsar la capacidad de las autoridades para hacer frente a la amenaza de los llamados ‘combatientes extranjeros’.

La nueva ley permite al ministro del Interior del país a denominar como terrorista a zonas, aunque estará sujeta a aprobación parlamentaria, y crea un delito penal por ingresar o permanecer en un “área designada” en el extranjero.

Para poder usar el poder de designación, el ministro del Interior, Sajid Javid, deberá estar convencido de que es necesario restringir a los ciudadanos y residentes de Reino Unido para que viajen o permanezcan en el área, a fin de proteger al público del riesgo de terrorismo.

Un individuo que haya ingresado o permanecido en un área designada podría enfrentar hasta 10 años de prisión si es declarado culpable, según la nueva legislación, la cual incluye también exenciones para proteger a quienes tienen una razón legítima para estar en una zona terrorista, como los periodistas.

La ley otorga a los guardias fronterizos el poder de detener y registrar a individuos sospechosos de actividad “hostil” y criminaliza la visualización en internet de material vinculado al terrorismo, excepto cuando se trate de una investigación periodística, de acuerdo con reportes de la prensa británica.

Según las estimaciones del Ministerio del Interior, más de 900 personas “preocupadas por la seguridad nacional” de Reino Unido viajaron para participar en el conflicto en Siria. De estos, alrededor del 20 por ciento fueron asesinados en el extranjero y alrededor de 40 por ciento han regresado al país.

Excelsior

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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