Victor Quintana S.

[quote]Quinto jinete de este Apocalipsis norteño, la impunidad sigue cabalgando por todos los rumbos de Chihuahua.. Si no fuera por las voces, femeninas en su gran mayoría, que se yerguen en medio de la muerte, diríamos que la esperanza está siendo derrotada.[/quote]

Primer tiempo: El 1 de marzo, se cumplieron dos años del asesinato del Lic. Ernesto Rábago Martínez, compañero de la abogada Estela Ángeles Mondragón, defensora de la comunidad rarámuri de Bakéachi, ambos integrantes de la asociación civil Bowerasa. El crimen, acompañado de un intento de asesinato a la hija de la abogada y repetidas amenazas en contra de ella, llevaba el claro propósito de disuadir la sólida defensa jurídica conducida por Estela para recuperar las tierras de los indígenas indígena. Propósito fracasado: la comunidad ha ganado 32 juicios agrarios en primera instancia y 17 en segunda, ha logrado la restitución de más de 10 mil hectáreas y está en vías de que se le restituyan 12 mil más. En diciembre pasado logró el encarcelamiento de uno de los caciques por despojo y está realizando un programa de rescate de sus suelos y de sus pastos.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han podido o de plano no han querido esclarecer el asesinato de Ernesto Rábago y las agresiones a Estela Ángeles y su hija, ni aprehender y castigar a los culpables. Peor todavía, la Procuraduría General de Justicia del gobierno anterior extravió buena parte del expediente que les entregó la Lic. Ángeles para contribuir al esclarecimiento del asesinato. Ante esto, la actual Fiscalía del Estado ha tenido que reiniciar la integración de dicho expediente… Para denunciar estos hechos un centenar de rarámuri de Bakéachi se hicieron presentes el jueves en Chihuahua y además celebraron una misa y “la fiesta de Ernesto” frente al Palacio de Gobierno.

Segundo tiempo: Diez años pasaron para que Norma Ledezma viera una brizna de justicia ante la desaparición y asesinato de su hija Paloma Escobar Ledezma. Años de dolor activo, de indignación eficaz hicieron que Norma se convirtiera en una experta en investigar la desaparición y trata de personas, en acompañar a madres adoloridas en la búsqueda y la denuncia de sus hijas ausentes. En fundar y operar organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas y colaborar en la fundación del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

Por fin, el jueves 23, el Estado Mexicano en las personas del Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y el Gobernador de Chihuahua, César Duarte, acató la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Paloma Escobar Ledezma. En un acto público celebrado en la ciudad de Chihuahua, el gobernador reconoció la ineficiencia y las omisiones de las autoridades que impidieron se resolviera el caso de Paloma y abrieron la puerta para ulteriores desapariciones y asesinatos. Por su parte, el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió una disculpa pública a la familia a nombre del Estado Mexicano. Además, se develó un memorial en el Centro de Justicia para Mujeres que lleva el nombre de Paloma.

Logro indudable de Justicia para Nuestras Hijas, del CEDHEM. Pero el o los asesinos siguen libres. Logro simbólico que no devuelve la vida de Paloma ni de los cientos de muchachas desaparecidas y asesinadas.

Tercer tiempo: Mientras el Secretario de Gobernación y el gobernador pedían perdón públicamente, en la Sierra de San Agustín, cerca de Ciudad Juárez, las autoridades localizaban tres osamentas de mujeres jóvenes. Luego de practicárseles los exámenes correspondientes resultaron ser los restos de tres jovencitas: Lizbeth Avilés García, Jessica Leticia Peña García y Andrea Guerrero Venzor, desaparecidas desde el 2009 y 2010, en las inmediaciones del Centro de Cd. Juárez

Al día siguiente del hallazgo la madre de Jessica Leticia Peña García, la Sra. María García, decidió realizar un plantón permanente en la explanada de la Fiscalía de Justicia, velando ahí el féretro de su hija hasta que el Gobernador de Chihuahua viniera a darle el pésame y reconociera la serie de omisiones y negligencias en su caso y en los demás expedientes de las jóvenes desaparecidas., La acompañaron las integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, que agrupa a más de 35 familias que comparten ese dolor, la Red Mesa de Mujeres y varias organizaciones sociales juarenses.

La valentía y firmeza de las madres hicieron que el lunes 27 por la noche el gobernador Duarte acudiera a darles el pésame de manera pública. El y el Fiscal se tuvieron que sentar a dialogar con las madres quienes les exigieron terminar con la impunidad de Estado que permite que prácticamente cada día desaparezca una mujer en Ciudad Juárez. Además, plantearon otras demandas muy concretas:

Que este gobierno transparente a las madres y a la comunidad la información referida a restos de mujeres que ya tienen en el servicio médico forense: número de osamentas, nombres, y todo el proceso de identificación de las mismas. Que se aceleren la identificación de víctimas y la investigación de los casos y revisiónd e expedientes se haga de manera exhaustiva por parte de la Fiscalía. Que se reconozca el número de mujeres desaparecidas, así los casos se hayan dado en administraciones pasadas. Que se elimina la complacencia con sitios como bares y cantinas en Ciudad Juárez, donde se contratan a mujeres menores de edad. Que haya una comunicación continua a la comunidad y espacios en los medios para información y pesquisas sobre las desapariciones. Que en todo momento se dé total apertura a la Red Mesa de Mujeres y al Comité de Madres para el conocimiento y seguimiento de los casos.

Sólo entonces, luego de haber enfrentado con valentía la impunidad de Estado las valientes madres y mujeres juarenses se retiraron a sepultar a sus hijas, no sus combates.