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México

Retiran cámaras de vigilancia criminal en Tamaulipas

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Un sistema de videovigilancia conformado por 52 puntos fijos de alto impacto, a través de 39 cámaras operadas vía internet, que era utilizado por un grupo delincuencial para vigilar las acciones de las fuerzas estatales y federales, así como de la sociedad civil en Reynosa fue desmantelado por Fuerza Tamaulipas.

Autoridades dieron a conocer que el desmantelamiento se realizó el 18 y 19 de mayo por parte de los elementos de Fuerza Tamaulipas, quienes fueron apoyados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que resguardó la seguridad de los lugares donde los agentes estatales retiraron los aparatos.

El GCT señaló que durante las acciones operativas para retirar esos dispositivos, integrantes del grupo delincuencial que opera en esa ciudad se percató de las acciones de las autoridades, por lo que lograron retirar y desactivaron al menos 18 videocámaras de su red clandestina.

Las autoridades identificaron que, en su mayoría, las cámaras se encontraban instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México.

Los 52 puntos de videovigilancia desmantelados estaban ubicados frente a instalaciones de la Octava Zona Militar, Marina, PGR y Fuerza Tamaulipas, así como en la Avenida Villa Dorada, Bulevar Morelos, Bulevar Luis Dolando Colosio, Bulevar Las Fuentes, en centros comerciales y fraccionamientos.

Las cámaras de video tienen capacidad para transmisión alámbrica e inalámbrica y el internet lo obtenían a través de líneas telefónicas o servicio de cablevisión. Cuentan, además, con módem, tarjeta de video, codificador de datos a video, cables alimentadores de corriente e instalación eléctrica.

En la colonia Las Fuentes, Sección Aztlán, fueron encontrados cinco puntos de halconeo con un tipo de dispositivo que puede operar simultáneamente hasta cinco cámaras en cada punto, informó el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT).

Excélsior

México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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