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México

Revela especialista de la UNAM que al menos 900 mil niños trabajan

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mauricio Padrón Innamorato señaló que, al menos, 900 mil menores en México realizan actividades catalogadas como trabajo.

Precisó que esta cifra no incluye a niños en situación de calle.

Padrón Innamorato explicó que la cifra de 900 mil niños,niñas y jóvenes refiere específicamente a menores que tienen hogar o dentro de núcleos familiares, con lo que en México la cifra del trabajo infantil es alta.

En entrevista, el especialista destacó que “la vulnerabilidad es un fenómeno complejo, porque tiene que ver con pobreza, desigualdad, equidad, y se manifiesta no sólo en fenómenos como el trabajo, acceso a servicios de salud, educación, abandono, violencia, sino que alcanza al incumplimiento de sus derechos”.

Mencionó que en México hace falta un diseño institucional para hacer efectivos los derechos de los menores, así como mecanismos de vigilancia y control para que las leyes, normas y convenios se cumplan.

Padrón Innamorato insistió en que, en los estados, algunas figuras conocidas como Procuradurías de Defensa del Menor son insuficientes para reducir los abusos contra el sector, ya que no existen recursos y esquemas administrativos para el tratamiento efectivo.

No son suficientes las procuradurías del menor; tiene que ver con el diseño administrativo institucional y cuestión de recursos, pero además la niñez históricamente ha sido invisibilizada, en términos culturales; México es un país donde se entiende que los niños no tienen derechosy tienen que hacer lo que los padres quieran”, dijo.

Advirtió que, para resarcir esta cuestión, es necesario establecer programas o políticas públicas integrales, que contemplen la educación de adultos respecto al tema.

Fuente. Excélsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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