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Opinión

salvar a la unión sagrada por VICTOR OROZCO

  • A SALVAR LA UNIÓN SAGRADA
    Víctor Orozco

    «No estoy de acuerdo con López Obrador cuando dijo en su mitin en Tlatelolco que si es necesaria la vía armada, la habría de asumir», declaró Josefina Vázquez Mota en una reunión con cuatrocientos evangélicos en la que predicó «los valores familiares». Pero, el candidato de las izquierdas dijo en el referido mitin: «No despreciamos a quienes piensan que es la vía armada una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos, pero aquí quiero dejar de manifiesto que con todo respeto a quienes piensan de esa manera nosotros sostenemos que vamos a luchar siempre por la vía pacífica y la vía electoral». Para cualquiera de los oyentes y de los que leímos después el discurso de AMLO, se entiende que estaba posicionándose claramente a favor de la vía pacífica para alcanzar transformaciones sociales. En el contexto, estaba en todo caso rebatiendo a quienes entre los estudiantes, postulan la vía de la violencia en las luchas políticas. Sin embargo, la candidata que «cree en los valores» así como los coordinadores de las campañas presidenciales del PAN y del PRI, no dudaron en falsificar las palabras para envenenar a la opinión pública como lo hicieron en el 2006. Escogieron mal el tablado, pues ahora deberán hacer frente al testimonio de miles y miles de estudiantes quienes escucharon de viva voz el discurso consabido. Por lo pronto un numeroso grupo ha exigido al PRI y al PAN «…que dejen de sembrar el odio y la mentira» y al IFE «…que no sea cómplice de esta burda maniobra». Este episodio continúa, pues el PAN ha convertido en uno de sus spots de batalla la burda adulteración.
    La guerra sucia emprendida por los dos partidos en contra de López Obrador, en un intento de reeditar la de 2006 constituye uno de los distintivos centrales en esta fase de las campañas presidenciales. Es chocante la repetición, pues la mayor parte de las reformas electorales instauradas después de aquel año vergonzoso, tuvieron como propósito evitar estas campañas infamantes, desinformadoras y fraudulentas. El propósito obvio de sus autores y patrocinadores, es impedir, como lo hicieron hace seis años, la llegada de AMLO a la presidencia de la República. Y su motivación inmediata son las preferencias electorales que muestran las últimas encuestas de las empresas especializadas, sobre todo la del diario Reforma, así como el abrumador apoyo recibido por López Obrador en otras más de periódicos tan leídos como el Diario de Juárez, Zeta de Tijuana, El Imparcial de Hermosillo, de una lista bastante nutrida, así como en todos los centros de estudios donde se han realizado simulacros del voto o en las redes sociales. Los nuevos datos -que quizá solo expresan tendencias profundas y hasta ahora ocultas del electorado- se conjugan con el despliegue de un novedoso e ingenioso movimiento estudiantil que ha puesto a temblar a los estrategas del PAN y del PRI: si estos jóvenes universitarios y politécnicos logran contagiar a los 31 millones de ciudadanos que tienen entre 18 y 29 años de edad, ¡Adiós restauración priísta! ¡Adiós alianza sagrada de tricolores y blanquiazules operada desde el palacio nacional!.
    Otra de las novedades es la expresión abierta de Vicente Fox, a favor de la candidatura del PRI. Le había antecedido la de Manuel Espino el ex presidente del PAN. ¿Por qué estas deserciones?. El hecho tiene en el fondo la misma explicación que lanzamiento de la guerra sucia: el candidato seguro para garantizar la continuidad del proyecto económico, de la combinación del gran capital con la alta burocracia del Estado es Enrique Peña Nieto, no Josefina Vázquez Mota. Y para este tipo de adalides, cuando se pone en peligro la bolsa, no hay colores ni lealtades que valgan, así sean las míticas al banquero fundador del PAN. Ernesto Cordero, el delfín del presidente Calderón, igual lo manifestó la semana pasada: la inestabilidad cambiaria de los últimos días, está motivada por el ascenso de AMLO en las encuestas. Josefina agrega que si éste llegara a triunfar, las familias perderán su patrimonio, casas, vehículos y en el colmo de la desfachatez: ¡Su seguridad!. (Los esqueletos de los 60 (¿70?) mil muertos de este sexenio han de haberse cimbrado)
    Lanzados en ese despeñadero, traen de nuevo a las campañas el espantajo del «peligro para México» y chantajes como la caída de la bolsa o la huida de capitales, esperando asustar incautos. Los estrategas del partido blanquiazul, han hecho escuela con estas prácticas, tanto que en México nadie los ha igualado. En muchos otros temas han aprendido del PRI, pero en éste, han sido sus maestros, dado que el viejo partido de Estado, pocas necesidades tuvo de emplearse en asustar a los electores, a quien mantuvo siempre cautivos. Pero hoy, con la vista puesta en las urnas del 1 de julio y considerando el previsible triunfo de López Obrador, están hermanándose en la diatriba y la calumnia, como ya lo están en las políticas económicas o de combate a la delincuencia, en la penalización del aborto, en las concesiones al clero católico, en la enajenación de los recursos naturales, en la sujeción de los trabajadores a través del charrismo sindical, en la militarización del Estado.
    En estas circunstancias, no es fantasioso predecir que en el último momento y si EPN se colapsa, veamos y escuchemos al propio Felipe Calderón salir en su respaldo, como lo hizo el guanajuatense, a quien millones denunciaron en 2004 y 2006 como traidor a la democracia, condición ahora sí reconocida por incontables miembros de su partido. Muchos de estos seguidores del PAN están furiosos, pero lo cierto es que el hombre no ha hecho otra cosa sino marcarles (con cinismo absoluto y palabras descarnadas) las prioridades de la élite: asegurar el triunfo de Peña Nieto y tratar de alcanzar un segundo lugar para su candidata. Lo último ya es imposible, así que deben consagrarse a lo primero. La tortuosa empresa defrauda la fe y las convicciones de millones de panistas, cierto, pero, muy por encima de ambas se encuentran los intereses representados en la bolsa y en la corona. Fox sabe de ello. Y Calderón también, así que esperemos y veremos lo inusitado.
    Convertido ya en una quimera el triunfo electoral, en el segundo debate la candidata de «los valores familiares» concentrará toda su artillería en tratar de demoler la fortaleza de López Obrador. Dos o tres escaramuzas de simulación, podremos advertir entre ella y el candidato del PRI, que igual, se afanará en descalificar al tabasqueño, con la ayuda del testaferro de Gordillo. Se parecerá el escenario al del famoso «tercer grado», con el Peje esquivando los mordiscos y dirigiéndose a los ciudadanos. El panorama, a fin de cuentas no está mal. Los electores veremos decantadas las posiciones y tendremos la posibilidad de agruparnos en dos grandes tendencias básicas: la de aquellos que buscan el cambio frente a la continuidad y la de quienes pretenden conservar a México como está, haciendo apenas aquellas modificaciones indispensables para mantener lo fundamental.
    Apostilla: Dos observaciones al plan de inversiones económicas estratégicas del proyecto de gobierno de López Obrador. En una de sus propuestas dice: construcción de ferrocarriles rápidos AL (mayúsculas mías) Norte. La contracción revela una vieja expresión del centralismo histórico, que exigió la edificación de las vías de comunicación como los dedos de la mano, siempre de la ciudad de México hacia el resto del país. Hay que cambiar esa palabrita y con ella toda la perniciosa idea. Necesitamos los ferrocarriles que enlacen a las regiones entre sí, en el caso del Norte: de Ciudad Juárez a Monterrey, a Durango, a Hermosillo, a Tijuana, a Matamoros. Una segunda: está muy bien plantar un millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste, pero una mayor extensión debe comprenderse en Chihuahua y Durango, los dos estados con mayor vocación forestal del país y que han sufrido en grado extremo la devastación de sus bosques.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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