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SCJN valida artículos de la Ley 3 de 3

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó, sin ninguna modificación, los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que conforman la ‘Ley 3 de 3’.

Al revisar una acción de inconstitucionalidad promovida por las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, los ministros del pleno resolvieron que el acceso a la información no debe afectar el respeto a los datos personales y vida privada de los servidores públicos.

“El espectro de protección a la vida privada de los servidores públicos no desaparece por la función pública que desempeñan y si bien en atención a su labor pública, el umbral de protección a ese derecho se ve disminuido o atenuado, siguen de todos modos teniendo la calidad de seres humanos y, por tanto, siguen siendo sujetos de todos los derechos que la Constitución Federal e incluso los tratados de derechos humanos tutelan”, afirmó el ministro Luis María Aguilar Morales.

Así, por mayoría de seis votos, de diez ministros presentes, la Corte validó que se mantenga reservada la información de las declaraciones patrimonial y de intereses de los servidores públicos que pudieran poner en riesgo su seguridad o incluso su vida.

“La racionalidad de un sistema de combate a la corrupción, no pasa por el conocimiento de datos íntimos y personalísimos del servidor público, sino el tener la posibilidad de contrastar de forma objetiva su evolución patrimonial en relación con los cargos públicos que ocupan”, aseguró el ministro Eduardo Medina Mora.

Los cuatro ministros que votaron en contra del proyecto, elaborado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, pedían que se invalidara la facultad que tiene el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para establecer los formatos en que los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones: fiscal, patrimonial y de intereses.

México

Detienen a otro presunto implicado en el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

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Una nueva persona fue detenida en el marco de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, informó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. De acuerdo con la mandataria municipal, el arresto está relacionado con la gestión de mensajes en una plataforma digital utilizada para coordinar el ataque, específicamente un grupo de WhatsApp vinculado a la logística del crimen.

Quiroz precisó que la identidad del detenido no ha sido revelada, pero confirmó que su presunta participación se centró en la organización y comunicación previa al homicidio. Señaló que esta detención forma parte de los avances reportados por las autoridades tras la sesión de cabildo celebrada el 29 de diciembre, en la que se dio cuenta del estado que guardan las investigaciones.

La presidenta municipal sostuvo que el asesinato de Manzo fue una represalia directa por su labor de denuncia y por señalar presuntas irregularidades en la región. En ese contexto, calificó el año 2025 como un periodo devastador para la administración local, aunque reiteró que el gobierno municipal mantendrá el rumbo del movimiento independiente del sombrero y continuará trabajando bajo los principios que el funcionario defendía.

Quiroz reconoció que hasta el momento no ha sostenido una reunión formal con el fiscal del estado para abordar el caso, pero expresó su intención de concretar un encuentro en los próximos días con el objetivo de conocer a detalle el estatus jurídico de las personas detenidas y el avance de la carpeta de investigación.

Esta captura se suma a las detenciones previas de sujetos presuntamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada que operan en Michoacán. Entre los procesados se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado por las autoridades como el principal responsable intelectual del atentado. Las indagatorias indican que este individuo habría coordinado la ejecución mediante plataformas de mensajería instantánea, enviando instrucciones específicas y gestionando los pagos a quienes participaron en el ataque.

Por su perfil de peligrosidad, “El Licenciado” fue trasladado del centro penitenciario de Morelia al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía ha presentado como evidencia diversas comunicaciones digitales en las que se detallan órdenes y promesas de compensación económica relacionadas con el homicidio.

Las autoridades estatales mantienen abierta la investigación con el objetivo de desarticular por completo la red que facilitó el ataque, mientras el gobierno municipal de Uruapan continúa operando bajo un esquema de vigilancia especial.

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