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México

¿Se jubilan los narcos mexicanos?

Puede encarcelarse al narcotraficante, pero no al narcotráfico.

Es la premisa que parece emanar del caso del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, quien ha vuelto a los titulares de la prensa a pesar de encontrarse tras las rejas desde 1985.

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Puede encarcelarse al narcotraficante, pero no al narcotráfico.

Es la premisa que parece emanar del caso del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, quien ha vuelto a los titulares de la prensa a pesar de encontrarse tras las rejas desde 1985.

Este mes el gobierno de Estados Unidos puso a 18 personas y 15 comercios en la lista negra del departamento del Tesoro, por supuestamente administrar negocios y empresas relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero, vinculadas con Caro Quintero.
En la lista se cuentan sus hijos Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibran, así como su esposa María Elizabeth Elenes Lerma.
Caro Quintero paga condena de 40 años como autor intelectual del asesinato del agente Enrique Camarena Salazar, de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.

Pero la revelación de que seguiría activo a través de una red de familiares y asociados han abierto de nuevo la pregunta si los jefes mexicanos del narcotráfico alguna vez se retiran. O si la cárcel es efectiva para alejarlos de sus negocios.
Es algo que muy pocas veces ha ocurrido, le dice a BBC Mundo Arturo Arango, consultor independiente en seguridad. «Es muy difícil pensar en un retiro desde el punto de vista tradicional», explica.

«La delincuencia organizada tiene mecanismos de control sobre sus propios miembros, y cuando alguien quiere salirse se les mueve el tapete (alfombra) a todos los demás».

Esta realidad es particularmente clara entre los líderes de carteles, añade. «Imagínense el retiro de un capo que sabe todo de todos. Quien fuera su sucesor lo que haría sería intentar matarlo».

Para leer la nota completa de click aquí: unchorrodecosas.com

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México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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