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Opinión

Segundo gabinetazo: El cártel de los nerds. Por Caleb Ordoñez T.

En el anuncio de la segunda parte del gabinete de la próxima era “Claudista” o “Sheimbaunista”, se mantiene el propósito de mostrar certidumbre y seriedad.

Caleb Ordóñez T.

La presidenta electa invitó a sus mejores amigos dentro del servicio público, el pasado jueves al Museo Interactivo de Economía: Sin duda, gente formal, profesional, con extensos curriculums y de carrera propia.

Como si se tratase de un club de estudiosos, de aquellos que se sentaban en primera fila de los salones de clase. Fueron presentados Luz Elena González Escobar, David Kershenobich, Raquel Buenrostro, Jesús Antonio Esteva Medina, Edna Elena Vega Rangel y Rogelio Ramírez de la O, quien no pudo asistir por tener agenda llena, en la secretaria de Hacienda y Crédito Público, ¡Ni a su propio ungimiento fue!

Claudia ha enviado un mensaje sobre que gobernará con gente de su completa confianza. Pero que tienen un perfil técnico y de escritorio.

Son gente sumamente cercana; no hay acuerdos políticos o pagos partidistas. Sheinbaum se notaba relajada, contenta; estaba entre sus colegas, quienes no tuvieron ni siquiera que tomar la palabra.

Claudia tiene muy clara su misión de mostrar certeza de gobierno, ante los mercados para aminorar el golpe de la subida del dólar. Todos estos nombramientos tan adelantados, parecen tener esa intención.

En su talante pragmático, denota incluso que quiere quedar bien con la oposición y aquellos que dudaban de su liderazgo.

Aunque tersa, la transición está acelerada, tan apresurada como nunca habíamos visto en los últimos sexenios. Pareciera que Claudia  no solo cuenta con la confianza del presidente para arrancar a todo motor, sino que hay una intención desde el mismo palacio nacional, por empatar lo más pronto posible los gobiernos, salientes y entrantes, a fin de que parezca como si nunca existió una elección de por medio, que la 4T sigue un rumbo, sin detenerse.

Perfiles formales, sensatos y calificados.

El nombramiento más “cantado” se trataba del doctor David Kershenobich, quien llega como un mediador para alivianar y contrarestar la terrible crisis que deja en el ámbito del sector salud, el gobierno de AMLO.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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