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México

Senado creará comisión para investigar a Rosario Robles

El Senado presentará al pleno este martes 18 de septiembre un punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de Investigación sobre los presuntos desvíos ocurridos en la Sedesol y la Sedatu, durante las administraciones de Rosario Robles, quien también sería citada a comparecer ante comisiones.

Se trata de un nuevo punto de acuerdo, diferente al que se registró en la Gaceta del jueves pasado, y que no pudo ser discutido. En este, se incluye el tema de desvíos utilizando universidades, explicado en el reportaje de la Estafa Maestra.

En la propuesta también se plantea citar a los titulares de seis instancias de gobierno para explicar las acciones que han tomado para investigar los presuntos desvíos de recursos públicos ocurridos entre 2013 y 2017. Se trata de Alberto Elías Beltrán, encargado de la PGR; David Colmenares, auditor Superior de la Federación; Arely Gómez, titular de la Función Pública; Antonio Santín Quiroz, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT); al encargado del despacho de la Unidad de Inteligencia Financiera y Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las tres últimas dependencias tienen las facultades legales e instrumentos para dar seguimiento a los recursos públicos, toda vez que tienen acceso a las cuentas bancarias y registro de las empresas fantasma utilizadas, por lo que podrían identificar el destino final del dinero.

En tanto, la PGR deberá informar sobre el avance de las 24 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación entre 2015 y 2017 respecto al esquema de desvío en la Sedesol, seis universidades y el sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública también deberá entregar los avances respecto a las investigaciones que seguía sobre los funcionarios implicados y sus responsabilidades en el caso, según informó en un comunicado en septiembre de 2017.

El punto de acuerdo toma como partida la investigación periodística La estafa maestra, en la cual Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron el desvío de 7 mil 670 millones de pesos a través de empresas fantasma, y las revelaciones del periódico Reforma respecto al traslado de dinero público en efectivo a 10 domicilios de empresas inexistentes publicada la semana pasada.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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