Opinión

Simplista. Por Raúl Saucedo

¿Somos políticos?

El paradigma de izquierda y derecha ha dominado el discurso político a nivel mundial por siglos, enmarcando debates y definiendo bandos. Sin embargo, en la compleja actualidad, esta dicotomía se queda corta para capturar y comprender la diversidad de ideologías y posiciones que coexisten en el mundo.

La división izquierda-derecha tiene sus raíces en la Revolución Francesa, donde los que apoyaban al rey se sentaban a la derecha en la Asamblea Nacional, mientras que los que buscaban el cambio se sentaban a la izquierda. Con el paso del tiempo, estos términos evolucionaron para representar un conjunto de valores e ideales políticos. La izquierda se asoció con la igualdad social, el progreso, la intervención estatal y la protección de los derechos de las minorías. La derecha, por otro lado, se vinculó con la tradición, el orden, la libertad individual, la economía de mercado y un Estado con funciones limitadas. Esta distinción se profundizó durante el transcurso del siglo XX, con el surgimiento de ideologías como el socialismo, el comunismo, el liberalismo y el conservadurismo.

En la práctica, el espectro político se manifiesta de diversas formas en los diferentes países, regiones y contextos. Los partidos políticos se ubican a lo largo de este espectro, ofreciendo propuestas y plataformas que reflejan sus ideologías. Los ciudadanos, a su vez, se identifican con diferentes posiciones políticas en función de sus valores, intereses personales y experiencias. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que una simple división binaria.

Si bien este paradigma ha sido útil para entender y explicar la política durante mucho tiempo, hoy en día considero que se presenta varias limitaciones para considerarlo así tales como:

La Simplificación excesiva Reduciendo así la complejidad de las posturas políticas a solo dos categorías, ignorando las múltiples dimensiones que conforman una ideología. Por ejemplo, alguien puede estar a favor de políticas económicas de izquierda y al mismo tiempo apoyar valores sociales conservadores. Esta simplificación puede llevar a malentendidos y dificultar la comprensión de las diferentes posiciones.

La Polarización: Fomenta la división y el enfrentamiento entre estos dos bandos opuestos, dificultando el diálogo y la búsqueda de consensos. En un clima de polarización, las posiciones se radicalizan y se pierde la capacidad de entendimiento y comprensión del otro.

Estancamiento: Impide la realización de nuevas ideas y movimientos políticos que no encajan en las categorías tradicionales. El mundo está en constante cambio y las problemáticas actuales requieren de enfoques novedosos que no se limiten solo a las fórmulas utilizadas en el pasado.

Ante las limitaciones, es necesario ir más allá del paradigma de izquierda y derecha y explorar nuevas formas de entender el espectro político. Algunas alternativas podrían ser:

Multidimensional: Considerar diferentes ejes ideológicos, como el económico (izquierda-derecha), el social (liberal-conservador), el ambiental (ecologista-antiecologista), el cultural (globalista-nacionalista), etc… Esto permitiría una representación más completa y matizada de las posiciones políticas.

Enfoque en valores: Analizar los valores fundamentales que subyacen a las diferentes ideologías, como la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, el orden, la tradición, etc. Esto facilita la comprensión de las motivaciones y objetivos de los diferentes actores políticos.

Política post-materialista: Incorporar temas como la calidad de vida, la participación ciudadana, la diversidad cultural y la sustentabilidad ambiental, que trascienden la división tradicional. Estos temas reflejan las preocupaciones de las nuevas generaciones y demandan un enfoque más holístico de la política.

Es así apreciable lector que el hablar de política en el siglo XXI es empezar a hablar de estos paradigmas y empezar a ajustar nuestra forma de ver las necesidades de la población conforme a una agenda más amplia, es ésto o quizá estoy siendo demasiado simplista.

@Raul_Saucedo

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.