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Solicitan impuesto de 20% para las bebidas azucaradas

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 Por considerar que el impuesto de un peso por litro a las bebidas azucaradas establecido el año pasado ha cumplido con el objetivo de reducir el consumo de las mismas, pero que éste no ha sido suficiente, la asociación Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) pidió que tal impuesto suba a un 20 por ciento, con lo cual se podría tener un mayor impacto en la salud de la población mexicana.

El organismo también solicitó que se elimine el IVA al agua embotellada en envases menores de 10 litros, con el fin de hacer económicamente más accesible el agua que las bebidas azucaradas.

“El impuesto ha mostrado su efectividad en reducir el consumo de bebidas nocivas para la salud, pero es necesario complementarloutilizando los recursos recaudados para el objetivo social por el cual fue aprobado”, señaló Luis Manuel Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO, miembro de ASA.

Agregó que “las organizaciones de la ASA no desistiremos en exigir al gobierno que cumpla su promesa de utilizar los más de 18 mil millones de pesos que recaudó el impuesto en 2014 para la prevención de la obesidad y sus enfermedades asociadas, especialmente mediante el acceso al agua potable en escuelas con la instalación de bebederos”.

Un estudio realizado por el Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reveló que como consecuencia del impuesto que entró en vigor el 1 de enero del 2014 hubo una reducción promedio de 6 por ciento en las compras de bebidas azucarada durante el año pasado.

Sin embargo, comentó que la reducción fue aumentando a lo largo del año hasta alcanzar un 12 por ciento en diciembre.

Así, los resultados preliminares indican que las compras de bebidas azucaradas en los hogares se redujeron en todos los niveles socioeconómicos, observando una reducción mayor en el nivel más bajo.

Los hogares de menores recursos redujeron sus compras de bebidas azucaradas en 9 por ciento en promedio durante el 2014 y alcanzaron una reducción de 17 por ciento al final de este año.

Asimismo, los resultados demuestran que se registró un aumento del 4 por ciento en el consumo de bebidas sin impuesto, en especial agua embotellada, señalando que no se registró el consumo de agua no embotellada.

Al respecto, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, miembro de la ASA, señaló que “en los últimos meses de 2014 las familias más pobres no sólo habían reducido el consumo de bebidas azucaradas, sino que también estaban gastando menos en estas bebidas, ya que la baja del consumo alcanzó 17 por ciento hacia el final del 2014, esto quiere decir que la reducción está superando al impuesto y, por lo tanto, el total del gasto en bebidas azucaradas es menor”.

Por su parte, Fiorella Espinosa, investigadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, comentó que “estos datos son relevantestomando en cuenta que en México una diabetes complicada puede llevar a una familia a la bancarrota, el mayor gasto en salud por el consumo de bebidas azucaradas se da en las familias más pobres, convirtiéndose en una causa de pauperización”.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una persona que vive con diabetes complicada gasta un promedio de 65 mil 896 pesos al año en el tratamiento médico, mientras que percibe un salario promedio anual de 61 mil 896 pesos, lo que es completamente insostenible.

El Financiero

Dinero

Sube el salario mínimo y aprieta a las PyMES: piden apoyos para evitar despidos y alza de precios

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El incremento del 13 por ciento al salario mínimo, que entró en vigor al inicio de 2026, representa un avance importante para la recuperación del poder adquisitivo de las familias, pero también plantea un desafío significativo para las pequeñas y medianas empresas, advirtió el maestro Isaac González Granados, docente de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El especialista reconoció que el aumento es una medida positiva desde el punto de vista social, al permitir que los trabajadores enfrenten mejor el costo de vida. Sin embargo, subrayó que las decisiones económicas tienen efectos en cadena y no ocurren de manera aislada.

Explicó que mientras las grandes empresas suelen tener mayor capacidad para absorber el incremento en la nómina, las PyMES enfrentan un escenario mucho más complejo. Negocios como tiendas de barrio, talleres o comercios locales podrían verse presionados si sus costos laborales aumentan sin que exista un crecimiento proporcional en sus ventas.

De no existir apoyos, alertó, esta situación podría traducirse en un alza de precios para los consumidores o, en el peor de los casos, en recortes de personal, afectando tanto al empleo como a la estabilidad económica local.

Ante este panorama, González Granados hizo un llamado a no dejar solas a las pequeñas empresas y a impulsar medidas de acompañamiento por parte de las autoridades, como subsidios temporales a las cuotas de seguridad social o periodos de gracia en el Impuesto Sobre Nómina.

Este tipo de apoyos, explicó, permitirían amortiguar el impacto inicial del aumento salarial mientras las empresas ajustan su productividad y modelo financiero, generando un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la viabilidad del sector productivo local.

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