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México

Soriana intenta deslindarse del proceso electoral

La cadena de tiendas Soriana está haciendo todo lo que está en sus manos con tal de deslindarse del proceso electoral del 1 de julio, luego de que testimonios de la gente señalan que el PRI hizo compra de votos a través de entrega de monederos electrónicos de dicha cadena.

En un comunicado de prensa, Organización Soriana, dueña de los supermercados del mismo nombre insistió en que no ha tenido participación en el proceso electoral y que está colaborando con las autoridades electorales del país con el fin de esclarecer las acusaciones que la vinculan con una supuesta compra de votos por parte del PRI en la pasada elección del 1 de julio.

La cadena comercial pidió a todos los actores políticos respeto y rechazó que se le involucre en problemas que no le competen.

Soriana sostuvo en el comunicado que con los elementos proporcionados tanto al Instituto Federal Electoral (IFE) como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) quedará claro que todos sus programas de beneficios operan con objetivos exclusivamente comerciales, con total apego a la ley y sin ningún interés político.

La empresa recordó que desde hace varios años participa en el mercado de la comercialización de productos para abastecimiento de programas sociales, teniendo entre sus clientes, además de empresas e instituciones privadas, a gobiernos estatales y municipales de todas las afiliaciones políticas.

Al mismo tiempo, Soriana dejo en claro que sus programas de lealtad van dirigidos a toda la población y están diferenciados por sectores, y que desde su arranque, hace más de 10 años, éstos han operado con transparencia y el objetivo de estrechar una relación de largo plazo con su clientela.

Cabe recordar que la Unidad de Fiscalización del IFE hizo requerimientos a Soriana tras las denuncias de compra del voto por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la entrega de monederos electrónicos para pagar en esa tienda de autoservicio.

Finalmente, Soriana sostuvo que seguirá informando a toda la sociedad de las acciones que realice a fin de esclarecer las falsas acusaciones que se han levantado en su contra.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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