Conecta con nosotros

México

Total revés a AMLO: Corte invalida “plan b” electoral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad las reformas electorales impulsadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, conocidas como “Plan B”, por considerar que se cometieron violaciones graves al procedimiento legislativo durante el proceso de aprobación.

Con 9 votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Suprema Corte votó a favor del proyecto de sentencia presentado hace una semana por el ministro Javier Laynez Potisek, logrando incluso el voto adicional del ministro Arturo Zaldívar por la invalidez del decreto que reformó  las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales estaban vigentes desde el pasado 2 de marzo.

Al momento de presentar su proyecto de sentencia, el ministro Laynez reiteró que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo como la falta de fundamentación y motivación para la dispensa de trámites parlamentarios al momento de aprobar la iniciativa.

De igual forma, se acreditó que las iniciativas correspondientes a las citadas reformas no se publicaron con la debida anticipación en el orden del día ni en la Gaceta Parlamentaria, ya que el tema se sumó a la sesión por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pero sin que se haya acreditado que la iniciativa de ley del llamado “Plan B” se distribuyó entre todos los legisladores.

Adicionalmente, se cometió una violación grave al procedimiento legislativo al cambiar la iniciativa de ley que había sido aprobada previamente por los propios legisladores, ya que hubo dos publicaciones de la reforma electoral que se aprobó en la Cámara de Diputados.

Una de las publicaciones se registró a las 10:09 de la mañana y posteriormente a las 23 horas se cambió la iniciativa que ya había sido aprobada para hacermodificaciones al dictamen en materia de transferencia de votos y a la llamada cláusula de vida “eterna” para el registro de partidos políticos.

Por lo anterior, los ministros concluyeron que sí se violó el principio de deliberación democrática en el Poder Legislativo, así como varios procedimientos legislativos, por lo que se invalidó la totalidad de la norma impugnada por las minorías parlamentarias y el Instituto Nacional Electoral.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto