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Tráfico de migrantes deja 2.3 mmdd

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El tráfico de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos genera ganancias multimillonarias tanto a organizaciones criminales como a agrupaciones menores dedicadas a explotar a las familias que huyen en busca de asilo, reveló una investigación de la organización Corporación Rand.

Se estima que el tráfico ilícito de migrantes desde la región del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) a los Estados Unidos generó entre 200 millones y dos mil 300 millones de dólares para los traficantes”, reveló el estudio presentado ayer, el cual está enfocado en el análisis de la situación de 2017.

Las organizaciones criminales transnacionales (o TCO, por sus siglas en inglés) cobran a los migrantes una especie de impuesto por permitirles pasar o entrar a territorios a lo largo de su camino a Estados Unidos, agregó el documento del que este diario posee una copia.

Rand calculó que ese derecho de paso fluctúa entre 30 y 180 millones de dólares anuales.

El estudio, titulado El Tráfico de Personas y los Ingresos Asociados: ¿Qué Sabemos o qué Podemos Saber sobre las Rutas de América Central a los Estados Unidos?, fue solicitado por el Departamento de Seguridad Interior (HSD) y se presentó al público ayer.

Los resultados encontrados podrían reforzar la idea de que la Casa Blanca criminaliza a indocumentados.

Brindar al Departamento una mejor comprensión de cómo se estructuran, hacen negocios y financian los grupos que participan en el tráfico de personas podrían ayudar a informar en los esfuerzos para investigarlos e interrumpirlos”, declaró a Excélsior Blas Núñez-Neto, coautor e investigador principal de políticas en Rand.

Victoria Greenfield, economista de la organización, explicó sobre el amplio margen de cifras de ganancias y cobros.

Descubrimos que el contrabando de personas involucra muchos tipos diferentes de actores con ingresos para organizaciones criminales y otros actores, incluidos operadores independientes, que participan en el contrabando de personas”, dijo la experta.

Según el reporte, las TCO no son los principales involucrados en explotar el tráfico de migrantes centroamericanos, sino toda la estructura de organizaciones y grupos que controlan el flujo de migrantes.

El estudio sugiere que el tráfico de personas involucra muchos otros tipos de actores que a menudo operan de manera independiente”, según el texto.

De acuerdo con el documento, las TCO son “entidades criminales que se perpetúan, que desafían el estado de derecho y representan una amenaza potencial para la seguridad nacional”.

Al desplazarse de Centroamérica a Estados Unidos, los migrantes pagan por pasar y contratan a traficantes.

Excelsior

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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