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México

Trasladan 119 reos de NL a penales de otros estados

Un total de 119 reos de centros penitenciarios de Nuevo León fueron trasladados a los Ceferesos de Guanajuato y Morelos como parte de la estrategia de inteligencia penitenciaria por el próximo cierre del Penal del Topo Chico.

A través de un comunicado, el gobierno del estado manifestó que, entre los internos se encuentran 99 varones y 20 mujeres.
Precisó que en la maniobra participaron 150 elementos de distintas corporaciones como Seguridad Penitenciaria, Fuerza Civil, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional a bordo de 30 unidades.

En entrevista, el secretario General de Gobierno, Manuel González, resaltó que esto es parte del proceso del cierre del Penal del Topo Chico, el cual está anunciado para el próximo 30 de septiembre.

“Este es el inicio del principio del final del cierre del Topo Chico”, comentó el funcionario estatal.

Desde meses atrás, el gobierno estatal anunció el fin de operaciones del centro penitenciario que fue inaugurado en 1943 por el General Bonifacio Salinas.

Enclavado sobre la avenida Rodrigo Gómez, en la colonia Nueva Morelos, en Monterrey, el mencionado penal ha sido escenario de trágicos episodios como un motín ocurrido en marzo de 1980 que terminó con la muerte del director Alfonso Domene Flor Milán, además de enfrentamientos entre dos bandas rivales que dejó un saldo de 49 reos muertos y 12 heridos.

González destacó que actualmente, el gobierno estatal tiene el control y “gobernancia total”.

De hecho, aseguró que tres de los penales estatales se perfilan a ser certificados por parte de la Embajada de Estados Unidos y el Proyecto Mérida.

Excelsior

México

PAN propone blindar a periodistas contra censura y acusaciones de calumnia electoral

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para proteger el trabajo periodístico y garantizar la libertad de expresión, ante recientes acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que han generado polémica por requerir a periodistas revelar sus fuentes y por sancionar publicaciones críticas sobre el proceso electoral judicial.

El diputado panista Federico Döring propuso reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de que las investigaciones o publicaciones de periodistas no puedan ser consideradas como calumnia electoral, salvo que se demuestre que actuaron en complicidad con actores políticos.

Esta iniciativa surge luego de que el INE solicitó a periodistas y ciudadanos —como Laisha Wilkins— que explicaran el origen de publicaciones sobre presuntas irregularidades en la elección de jueces, incluyendo el uso de “acordeones” para promover a candidatos vinculados a Morena. También se han iniciado procedimientos contra ciudadanos como Karla Estrella por presunta violencia política de género, a raíz de un tuit que cuestionaba la candidatura de una mujer supuestamente impulsada por su esposo diputado.

“Se debe garantizar el derecho a la información de todas las personas y evitar la censura previa”, advirtió Döring, quien también propuso que, cuando se trate de periodistas, las autoridades deban ponderar el derecho constitucional a la libertad de prensa antes de imponer sanciones.

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre. Organizaciones como Artículo 19 han alertado que la censura indirecta es una amenaza creciente para el periodismo en México.

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