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Tribunal electoral avala multa que el INE aplicó a Morena por 62.2 mdp

Esta multa fue aplicada por el despliegue de una extensa campaña propagandística durante el proceso interno de Morena celebrado del 19 de junio al 10 de septiembre de 2023.

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la aplicación de una multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por 62.2 millones de pesos al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Morena se hizo acreedor a esta multa debido a que se le encontraron ciertas irregularidades durante el proceso interno para elegir al coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación.

Fue el magistrado Felipe de la Mata quien presentó este proyecto, el cual respaldó la multa aplicada por el INE, mismo que fue votado por unanimidad.

Las irregularidades encontradas ocurrieron durante el lapso del 19 de junio al 10 de septiembre de 2023, tiempo en que transcurrió el proceso interno de Moreno, en el cual el partido desplegó una campaña política por todo el país a través de la colocación de espectaculares, pinta de bardas y propaganda en la vía pública

Durante la presentación de su proyecto, el magistrado Felipe de la Matadefendió la multa puesta por el INE y tajantemente dijo que era “una consecuencia directa de las acciones y omisiones realizadas por el partido recurrente de las personas aspirantes en una campaña nacional enorme que generó beneficios para Morena”.

El magistrado también expuso que se encontró un gasto cercano a los 25 millones de pesos en diversos materiales propagandísticos  de los cuales se pudieron contabilizar 4 mil 880 de estos materiales, los cuales no fueron reconocidos como propios por el partido, ni por los candidatos.

 “Es decir, el INE pudo encontrar y registrar 4,880 objetos relacionados con el proceso partidista que ni el partido ni los aspirantes reconocían como propios”, dijo Felipe de la Mata.

Por su parte Mario Delgado, dirigente nacional de Morena calificó de “ridícula” la multa puesta por el INE y avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Incluso ratificó que los participantes de este proceso interno se habían deslindado del uso de estos materiales de propaganda.

“La autoridad electoral quiere multar al partido por supuestos actos publicitarios de los que abiertamente se deslindaron quienes participaron en nuestros procesos internos. Esta es una decisión ilegal, de carácter político y lejana a los propios criterios que el Tribunal ha establecido con anterioridad”.

A su vez, acuso a las instituciones electorales de todavía ser “títeres” del expresidente del INE, Lorenzo Córdova

“Las instituciones electorales siguen siendo rehenes y títeres de @lorenzocordovav. ¡Por eso este 2024 vamos a lograr el #PlanC para vivir en una auténtica democracia!”, escribió.

En el proceso interno de Morena participó Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum, siendo ella la ganadora de este proceso.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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