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Opinión

Un alcalde asesinado y la perpetua amenaza. Por Caleb Ordóñez T.

La trágica y horrorosa muerte del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, ha ensombrecido el arranque del nuevo gobierno y ha vuelto a poner en el centro del debate la estrategia de seguridad de México. Este asesinato no es un hecho aislado; se inserta en un contexto de violencia extrema que lleva años castigando al país y que ha sido el resultado de una estrategia fallida adoptada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien heredó otras dos sangrientas y fracasadas estrategias de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Caleb Ordóñez T.

El enfoque de “abrazos, no balazos” impulsado por el anterior gobierno se presentó como una alternativa humanitaria a la guerra frontal contra el narcotráfico, pero en la práctica resultó ser insuficiente para contener el impresionante poder que ostentan los cárteles. El intento de evitar confrontaciones directas con los grupos criminales generó un vacío de autoridad en muchas regiones del país, permitiendo que los cárteles se fortalecieran, multiplicaran y expandieran sus actividades. En lugar de reducir la violencia, la estrategia anterior se tradujo en un aumento de los homicidios y la impunidad. La muerte de Arcos es solo uno de los muchos ejemplos de cómo los grupos criminales continúan ejerciendo su poder sin restricciones y como pueden someter a gobernantes, sin recato.

El nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum tiene la difícil tarea de revertir esta situación y devolver la seguridad a los ciudadanos. Es un reto inmenso, pero también una oportunidad para corregir el rumbo y establecer una nueva estrategia que se centre en recuperar la paz y debilitar a los cárteles. A diferencia de su predecesor, Sheinbaum ha prometido una estrategia más activa, basada en inteligencia e investigación, y este enfoque renovado es justo lo que se necesita para enfrentar la crisis de seguridad.

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Opinión

Inflexión. Por Raúl Saucedo

LO QUE SE VIENE EL DOMINGO

En entregas anteriores como LA URNA (1) y LA CLAVE (2) abordamos puntos del próximo ejercicio democratico en méxico considerando que la próxima jornada electoral del 1 de junio emerge no sólo como un evento democrático más, sino como un auténtico punto de inflexión para el gobierno federal. Más allá de la renovación de Congresos y gobiernos locales en un par de estados, la inminente elección directa de jueces, magistrados y ministros representa un desafío sin precedentes y una oportunidad estratégica que definirá el rumbo y la legitimidad del país.

La propuesta de reformar el Poder Judicial y someterlo a la voluntad popular fue una bandera clave de la administración anterior y ha sido refrendada por la actual. La promesa es clara: construir una justicia más cercana al pueblo, transparente y libre de vicios. Sin embargo, la materialización de esta visión a través de las urnas el 1 de junio no es un camino exento de riesgos. Para la administración federal, el resultado de esta elección judicial no sólo medirá el respaldo ciudadano a una de sus principales apuestas, sino que también sentará las bases sobre las cuales operará el poder judicial durante su sexenio.

Si la elección del 1 de junio deriva en la llegada de juzgadores alineados con la visión del gobierno, la política ejecutiva se podría ver fortalecida su capacidad para impulsar la agenda sin los contrapesos que un Poder Judicial tradicionalmente independiente suele ejercer. Esto, desde la óptica de sus simpatizantes, sería un avance para desatorar reformas y proyectos que, en ocasiones, fueron frenados por resoluciones judiciales. Sin embargo, para los críticos y la oposición, significa una concentración de poder sin precedentes y una erosión de la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia.

Por otro lado, si los resultados de la elección arrojan un panorama judicial más plural, con la llegada de juzgadores que no necesariamente comparten la misma visión política, el gobierno federal se enfrentaría a un Poder Judicial que podría actuar como un contrapeso más vigoroso. Esto, aunque potencialmente generador de fricciones y debates necesarios, sería visto por muchos como un fortalecimiento del sistema democrático de pesos y contrapesos, garantizando que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites constitucionales.

La forma en que se desarrolló la campaña electoral para los puestos judiciales, la participación ciudadana y, sobre todo, la legitimidad percibida de los resultados, serán cruciales. Una elección pulcra y transparente podría otorgarle un capital político inmenso para legitimar su proyecto de nación. Sin embargo, cualquier indicio de irregularidad o polarización exacerbada durante el proceso podría enturbiar la imagen del gobierno y sembrar dudas sobre la verdadera independencia del Poder Judicial desde su génesis electoral.

Desde este teclado en la Ciudad de México, dónde estamos convencidos que la certeza jurídica es clave para el futuro de una nación, la configuración del Poder Judicial será observada con lupa. Un sistema judicial que genere confianza es vital para la atracción de capitales y el mantenimiento del estado de derecho. La elección del 1 de junio no es solo una votación de nombres; es la definición de las reglas del juego judicial para la próxima década, y con ello, de la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

Esta reflexión viene a causa de que hoy es el último día de proselitismo para aquellos contendientes que el domingo mas haya de buenas voluntades vivirán el sistema político mexicano.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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