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Un año de lucha contra la corrupción por Jaime Garcia Chávez

Un año de lucha contra la corrupción

El pasado 23 de septiembre cumplió un año la denuncia penal interpuesta para la investigación de la corrupción política en Chihuahua. En 365 días el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09 se ha convertido en 100 tomos de mil hojas, aproximadamente, cada uno. Leerlo es, sin duda, toda una faena; pero una faena imprescindible si queremos esclarecer la verdad. De todo ese papel se puede desprender lo que corresponde propiamente al contenido de los hechos puestos a consideración de diversas autoridades, especialmente la Procuraduría General de la República. Pero también la información da para hacer una especie de mapa, para ubicar muy diversos afluentes de los negocios de Estado, las familias de la élite económica y las ramificaciones hacia la esfera política y del ejercicio del poder en Chihuahua.

A su tiempo, realizar una síntesis de la información obtenida será una ingente tarea que rendirá frutos para conocer más profundamente el ejercicio del poder de quienes han ocupado la gubernatura del estado y la forma en la que operan sus negocios. Ahora sí, sin lugar a dudas, hay un arsenal de información, de información trascendente, que hasta ahora mantenemos en reserva porque la averiguación previa tiene características particulares en materia que debe estar a buen recaudo hasta en tanto la propia PGR decida el curso posible a todo este escándalo. En lo particular pienso que el curso inmediato ha de ser consignar el expediente a los tribunales competentes. Descreo que tengan posibilidad de decretar el archivo o reservarlo; eventualmente tendríamos que recurrir a la justicia federal para restañar el agravio, que veríamos como un agravio más, que se suma a la arrogancia autoritaria y a la corrupción que hemos demostrado prácticamente desde el momento mismo que se inició el escándalo a que me refiero.

En la denuncia hay un hecho esencial comprobado: la constitución de un fideicomiso mediante el cual se inició el apoderamiento de un banco. Con documentales suficientes, algunas de índole pública, eso está acreditado. La maquinación también; el conflicto de intereses demostrado y se encarna en Jaime Herrera Corral como secretario de Hacienda, que sirve a dos amos con intereses que debieran ser diferentes: salvaguardar el patrimonio financiero del estado y, a la vez, ser el banquero que todos saben. Ahí están los depósitos de dinero público con los que se solventó la calidad de raquítico al futuro Banco Progreso, que la misma certificadora Moody’s afirmó a su debido tiempo. No han podido, ni podrán, acreditar el origen lícito de los 65 millones con que se creó el fideicomiso, que además no son, si examinamos integralmente la corrupción en Chihuahua, más que una diminuta expresión del escándalo que se cierne sobre Chihuahua y que no puede –no debe– quedar impune. Otro camino que tomó el poder fue proteger a Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga con una curul en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Hoy se protege con el manto de un carcomido fuero y, tarde que temprano, lo alcanzará la justicia, de paso para develar los negocios que se han hecho bajo la etiqueta de la Asociación Ganadera “División del Norte”.

A un año de distancia, se impone hacer un recuento rápido de lo que ha sucedido. Al principio, reticencia para formar un expediente indispensable; luego, la determinación de hacerlo de manera lenta y acompasada, quizá para desalentar, pues bien sabe el poder que justicia diferida es justicia denegada y que por esa vía se crea el desánimo, pues en este país muy pocos son los que tienen la paciencia suficiente para luchas de largo aliento. Esta es una de ellas y la voluntad de llegar hasta el final no se puede poner en entredicho. A su tiempo dijimos que estábamos iniciando una empresa para triunfar, que el reclamo nada lo frenaría. Conviene recordar ahora que la primera respuesta del poder fue negar los hechos, después tuvo que reconocerlos y en cadena nacional de televisión. Involucró a todas las universidades, pero particularmente al señor Enrique Seáñez Sáenz en una acusación en mi contra, digna de un régimen policiaco soviético. Luego se inició una serie de agresiones físicas a los eventos públicos de Unión Ciudadana; la primera, cuando se constituyó en noviembre de 2014, en el Auditorio Municipal, y expresándose la última en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, de Jaime Herrera, a donde llegaron las huestes de la camorrista Reyna Arellano, pasando por los delicados sucesos del 28 de febrero a las afueras del Palacio de Gobierno, lo que motivó la apertura de un expediente que hoy se tramita ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El combate ha sido desigual y hemos tenido que sobreponernos a la violencia y a la provocación permanentes. Cuando el poder optó por la agresión, jamás pensó el profundo descrédito que sembró en su contra; por eso hoy se debate en la más severa impopularidad que un gobierno haya despertado en la sociedad.

Reflexión puntual merece el haber apostado por los instrumentos del Derecho. Sí, porque en nuestro país, cuando se da una batalla de importancia con todo el sustento legal, soplando el viento a favor de sus velas, nada garantiza que se logren los fines. Pero, no contando con esa base jurídica, la derrota está a la vuelta de la esquina. En México despunta una nueva forma de lucha que se escuda en el Derecho, que no la habíamos visto en otros combates que se han dado y estamos saboreando los frutos de esa ruta a la que ciertamente no sobrevendrá como necesario el triunfo en sus términos. Pero claro, está que el gobierno actual se ha tambaleado, que puede caer de manera anticipada, porque en el trayecto de su desgaste no tanto sólo prodigó la pugnacidad con los adversarios, sino que la llevó al interior mismo del partido en el poder, lo que le ha restado viabilidad para concluir el sexenio. Es probable que el gobernador caiga, obedeciendo a la lógica de que no garantiza para su partido la elección del año entrante. De eso se valen algunos ya en este momento en el partido gobernante. Pero claro está que Unión Ciudadana debe estar muy pendiente para cada una de las coyunturas que se abran y darle cuerpo a las alternativas que recuperen Chihuahua para sus ciudadanos.

El gobierno se prepara para un informe, el quinto, el que algunos tienen como la coronación de su poderío, pero que aquí es el de la crisis. Lejos está el informe de la tribuna giratoria, y es muy probable que ahora ni las actitudes diplomáticas se presenten para darle apariencia de lustre a un gobernador que será recordado por siempre por su corrupción y sus métodos tiránicos.

Haber lanzado la iniciativa de vitalizar al ciudadano, a la ciudadana, como personaje central de la participación democrática, fue sin duda un gran acierto. Qué lástima que la bandera de esa participación ciudadana –abonar la construcción de un estado constitucional de Derecho– no la avalen con su presencia los empresarios, que son actores muy importantes, por estar en el otro extremo de la relación corruptora, y poder convertirse en un freno para que ya no haya negocios negros de Estado. Pero esto tenderá a ser lento en la medida en que las lecturas que ellos hacen de ese Estado de Derecho, es el que se desprende de los números que encuentran en los estados financieros de sus negocios, por una parte, y el miedo que les da perderlos.

Unión Ciudadana transitará lo que resta del año desplegando sus banderas y abriga la esperanza de que el año entrante, el año con elecciones generales, se convierta en el abrazo ciudadano que requiere Chihuahua para salir de este aciago ciclo gubernamental que será recordado por ser un tiempo de canallas. Este año, aunque no me simpaticen las desembocaduras, los ciudadanos le ajustaron las cuentas electoralmente a dos gobernantes corruptos en Nuevo León y Sonora. Es muy probable que eso pueda suceder entre nosotros. Pero no hay democracia sin demócratas.

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Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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