Chihuahua
El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!
Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.
Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.
En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.
De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.
Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.
Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.
Chihuahua
Pérez Cuéllar demanda transparencia en sesión de la JMAS
Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Chihuahua, exigió la difusión completa de la sesión del Consejo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) celebrada el 29 de octubre. El dirigente solicitó al director ejecutivo del organismo, Marco Alberto Paredes Arroyo, que publique la grabación sin cortes, así como el acta y los documentos presentados durante la reunión.
Pérez Cuéllar cuestionó la falta de disponibilidad del video en YouTube y demandó una explicación pública sobre lo ocurrido con la transmisión. “Si me acusa de mentiroso, le lanzo un reto muy sencillo: que publique la sesión completa, sin cortes, junto con el acta y los documentos presentados a los consejeros. Que las y los juarenses vean cómo se condujo y saquen sus propias conclusiones”, expresó.
El líder morenista afirmó que la conducción de la reunión presentó irregularidades y consideró fundamental que la ciudadanía tenga acceso al material para conocer cómo se desarrolló. “¿Por qué ya no está disponible la sesión? Si la bajaron, ¿por qué lo hicieron? Sostengo que su conducción fue desaseada. Si el director asegura que todo fue transparente, que lo demuestre haciendo pública la grabación completa”, añadió.
Además, Pérez Cuéllar subrayó que las decisiones relacionadas con las plantas de tratamiento y los compromisos financieros de la JMAS deben estar sujetas al escrutinio público, dado que involucran recursos destinados a un servicio esencial para la población.
En otro tema, el dirigente solicitó al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que expliquen las autorizaciones otorgadas al Residencial Gardeno durante sus administraciones, así como los argumentos que respaldaron dichas decisiones. “Así como hoy hace señalamientos, también sería importante que el PRIAN explique a los vecinos y a toda la comunidad de Juárez qué aprobaron cuando gobernaban y por qué lo hizo. Las familias tienen derecho a conocer esa información”, afirmó.
Pérez Cuéllar indicó que miembros de ambos partidos participaron en una sesión donde se aprobó por unanimidad una modificación relacionada con el desarrollo habitacional y formaron parte de la Comisión de Desarrollo Urbano. “El PRIAN debe explicar sus propias decisiones. Aparecen sus miembros en una sesión donde se aprobó por unanimidad una modificación de Gardeno y también formaron parte de la Comisión de Desarrollo Urbano. ¿Qué revisaron antes de aprobar? ¿Qué estudios respaldaban esa decisión? ¿Qué condiciones exigió para proteger a las familias?”, cuestionó.
Finalmente, el dirigente planteó la necesidad de revisar el expediente completo para conocer el alcance de las autorizaciones y las responsabilidades de quienes intervinieron, sin establecer una relación anticipada con las inundaciones. “Hoy exige explicaciones y tiene derecho a hacerlo, pero también debe rendir cuentas de su actuación. Las familias merecen conocer qué se autorizó, con qué sustento y qué seguimiento se dio. Que se abra el expediente completo y que cada quien responda por sus decisiones”, concluyó.
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