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Un hijo y ocho colaboradores de Gadafi, condenados a muerte en Libia

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Saif al Islam, el hijo más conocido de Muamar Gadafi y ocho colaboradores del difunto dictador libio fueron condenados a muerte este martes por un tribunal de Trípoli, por la sangrienta represión de la revuelta que puso fin al régimen en 2011.

El tribunal condenó a muerte entre otros al último primer ministro de Gadafi, Bagdadi al Mahmudi, y a su ex jefe de los servicios de inteligencia, Abdala Senusi. Los dos ex dirigentes estaban presentes en la sala.

 Saif al Islam no asistió en cambio al juicio en la capital libia, porque está preso en la ciudad de Zintan (suroeste), en manos de una milicia opuesta a las autoridades de Trípoli. Durante el proceso compareció por videoconferencia. Los condenados fueron procesados por su papel en la sangrienta represión de la revuelta que, ayudada por una intervención de la OTAN, terminó con más de 40 años de régimen gadafista en 2011 y con la propia vida de Muamar
Gadafi.

En total, 37 personas estaban acusadas de delitos como asesinato y complicidad en la incitación a la violación durante la revuelta de 2011. También estaban procesados por secuestro, saboteo, malversación de fondos públicos y contratación de mercenarios africanos.

El juicio, iniciado en abril de 2014, fue criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que afirman que los acusados tuvieron un acceso limitado a abogados y a documentos clave.

También se vio marcado en el caso de Saif al Islam por una disputa no resuelta con la Corte Penal Internacional de La Haya, que reivindica su jurisdicción en el caso. En la sala, en el centro de Trípoli y bajo fuertes medidas de seguridad, estaban presentes 29 acusados.

Nueve fueron condenadas a muerte ante el pelotón de ejecución, y ocho a cadena perpetua. Cuatro fueron absueltos, y en el caso de un acusado se abandonaron los cargos y se le enviará a un hospital psiquiátrico. El resto de los 37 acusados fueron condenados a penas de entre uno y 12 años de cárcel. Según el fiscal general, las penas de prisión son aplicables de inmediato, y sólo los condenados a muerte pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema.

Disputas en torno a Saif al Islam

La milicia que mantiene preso a Saif al Islam en Zintan es leal al gobierno reconocido internacionalmente, que el pasado agosto tuvo que refugiarse en Tobruk (este) cuando la coalición de milicias Fajr Libia tomó el poder en Trípoli, creando su propio gobierno y parlamento.

El Consejo de Seguridad de la ONU confió el conflicto libio a la CPI en febrero de 2011, al desencadenarse la represión del régimen gadafista contra un levantamiento popular alentado por la Primavera Árabe, que acababa de tumbar a los presidentes de Túnez y Egipto.

Los fiscales de la Corte consideran que Saif al Islam formaba parte del «círculo más estrecho» de su padre, y que «concibió y dirigió un plan para disuadir y poner fin por todos los medios a las manifestaciones civiles contra el régimen de Gadafi».

La Corte con sede en La Haya acusa a Saif al Islam, a menudo presentado como posible sucesor de su padre, de crímenes de guerra y contra la humanidad. Desde su captura en noviembre de 2011, un mes después de la muerte de Muamar Gadafi, la CPI ha solicitado su extradición, de momento en vano.

La CPI, competente para juzgar genocidios y crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir de 2002, también reclama a Senusi, que primero se refugió en Mauritania y luego fue extraditado a Libia. A diferencia de Saif al Islam, la CPI dio luz verde a Libia para que juzgara a Abdala Senusi.

Fuente : El Tiempo.

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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