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México

Una nueva reforma constitucional electoral

CDMX.- Diputados del PRI manifestaron su disposición para debatir y aprobar , lo que harían en conjunto con la mayoría oficial de Morena.

Ambos partidos revivirían el PRIMOR como coalición legislativa mayoritaria para aprobar una segunda reforma constitucional, luego de que el bloque opositor, al que pertenecía el tricolor, había declarado que no avalaría ninguna iniciativa morenista.

Apenas la semana pasada los legisladores del PRI y Morena avalaron la prórroga para que el Ejército haga labores de seguridad pública hasta 2028, tema que se discute hoy en el Senado.

Durante una reunión de la Comisión de Reforma Política-Electoral, en la que estuvo presente a distancia el dirigente priista Alejandro «Alito» Moreno, los legisladores priistas expresaron su disposición para analizar una reforma electoral.

«Es momento de empezar una amplia discusión. Hay distintas iniciativas impostergables, como la revisión del sistema de fiscalización. Hagamos cosas pensando en México y actuando con la mayor congruencia», manifestó el diputado Javier Casique, cercano al dirigente priista.

La diputada del PRI por Edomex, Cristina Ruiz, coincidió en que están dispuestos a trabajar en una reforma electoral, si es que ya se va a apresurar su discusión.

«El grupo del PRI está a favor de todo lo que sume a la democracia del País, pero no apoyaremos ni solaparemos proyectos y decisiones que le resten a la democracia y que perjudiquen la autonomía de los órganos encargados de organizar elecciones y de defender los resultados», sostuvo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, dijo que la reforma electoral se discutirá a más tardar el 15 de octubre y que su discusión sería paralela a la discusión de la Ley de Ingresos 2023.

Mier planteó que será una reforma constitucional de consenso para lograr mayoría calificada, y consideró que «todos» los grupos parlamentarios coinciden en poner límites al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Otros temas a debatir, planteados por Morena, son la reducción en el costo de la democracia, el número de integrantes del Consejo General del INE, la reducción del financiamiento público de los partidos políticos y la revisión de las competencias que debe tener el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El morenista informó que el análisis de la reforma electoral iniciará con la discusión del proyecto de dictamen en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con el objetivo de que éste refleje las 42 iniciativas que existen, incluida la del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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