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Va Roberto Lara por la presidencia municipal de Chihuahua

El Director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Roberto Lara Rocha, anunció que ya presentó al gobernador Javier Corral, su renuncia para participar en las próximas elecciones locales y contender por la alcaldía de la capital.

Luego de que el Comité Directivo Estatal del PAN publicara su convocatoria para candidatos a gubernatura y alcaldía, Lara Rocha levantó la mano para la presidencia municipal de Chihuahua.

Con una fotografía al lado del gobernador, el ahora aspirante publicó lo siguiente:

“Agradezco la oportunidad que tuve de parte del Gobernador Javier Corral durante estos años de servir a mi ciudad a través de la JMAS Chihuahua. Hoy le presenté mi renuncia para buscar la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Me llevo mucha experiencia y un enorme conocimiento sobre la ciudad y sus necesidades, que seguramente serán de mucho valor para los años por venir”.

Cabe destacar que hace dos días Roberto Lara junto a otros panistas como Miguel Riggs, Miguel La Torre, Amín Anchondo y Fernando Álvarez Monje, quienes en algún momento han externado también participar en la presidencia municipal, se reunieron con el Senador Gustavo Madero, a quien le mostraron su apoyo para llegar a la gubernatura.

¿Quién es Roberto Lara?

Lara Rocha Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con una Maestría en Política Comparada, por la London School of Economics and Politcal Science (LSE), en Londres Inglaterra.

Su formación académica involucra la gerencia y la administración pública, mismas que ha cursado en diversas instituciones como The George Washington University, en Washington D.C., la UNAM, el ITESM, el CEPAL en Chile, entre otras.

En el 2004 comenzó su carrera como servidor público, en ese entonces fue director de Atención Ciudadana y Desarrollo Social del Ayuntamiento de Chihuahua. Luego, del 2007 al 2010 fue Diputado Local por el Distrito XVII en la ciudad de Chihuahua, periodo en el que fue designado como Presidente de la Comisión de Justicia, impulso la Ley de Extinción de Dominio, la Ley del Combate al Narcomenudeo, y la Reforma Penal.

Se ha desempeñado como Gerente Nacional de Servicios a Usuarios de la Comisión Nacional del Agua del 2010 al 2013. Actualmente es director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua. Ha participados como ponente en diversos seminarios y talleres a lo largo del país. Se encuentra casado con Karina, es padre de dos hijos: Mauricio y Juan Pablo. Gusta del basquetbol, el deporte de Chihuahua.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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