Opinión
Victorias antorchistas en Chihuahua: producto de la lucha organizada Por Antonio Escamilla Meza
Más de 3, 000 antorchistas de los municipios de Bocoyna, Delicias, Jiménez, Chihuahua y Cuauhtémoc ejerciendo sus derechos a manifestarse públicamente, a solicitar a las autoridades solución a sus demandas y a organizarse, participaron con entusiasmo y decisión en intensas jornadas de lucha a través de la realización de comisiones, mítines, marchas y plantones, para exigir a los presidentes municipales respectivos, obras, programas o acciones, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de todas las familias antorchistas y aún de las no antorchistas, es decir, de todos los habitantes de las colonias y comunidades marginadas en donde tiene presencia nuestra organización. El resultado de las jornadas de lucha, llevadas a cabo durante el presente año, fue satisfactorio para los manifestantes pues con todos los presidentes en cuestión se lograron acuerdos para resolver parte de los diferentes pliegos petitorios enarbolados por los antorchistas.
Abel Hipólito Gutiérrez González, alcalde de Bocoyna, se comprometió a realizar en este año 2012 las siguientes obras: Ampliación de electrificación en El Pinal, Kilómetro 80, La Cascada, Magisterial, El Salto, Sehueriachi, Las Ahujas, Talayotes, Tucheachi, Huirinima, Bocoyna y San Antonio; ampliación de drenaje en El Pinal, El Ojito, La Pila, en la cabecera municipal, en el Barrio Gran Visión, en Barrio Rochivo y Barrio del Norte; pavimentaciones con concreto hidráulico en calle Mina y calle Teporaca, del pueblo de San Juanito; en calles González y Revolución de la cabecera municipal, y en calles Ferrocarril, Paseos de Barochi y Privada, del pueblo de Creel. Se comprometió, además, a proporcionar paquetes de materiales que necesiten los pobladores dentro del programa de 50 y 50 por ciento; y con paquetes de cemento, con un costo de 75 pesos por saco.
Mario Mata Carrasco, presidente municipal en Delicias, en una audiencia que concedió a los inconformes, hizo el compromiso de incluir en el programa Piso Firme a todos los solicitantes del Ejido El Diez, las colonias Tercera Ampliación de la Campesina, Santa Fe, Revolución, Ampliación de Laderas del Norte, Francisco Villa y Emiliano J. Laing. Se estableció el compromiso de que Laderas del Norte, Ampliación Laderas y Tercera Ampliación de la Campesina serán incluidas en el programa municipal de electrificación. Asimismo, que se pavimentará el acceso a Ejido El Diez, a la colonia rural Kilómetro 92, calles principales en Ampliación Laderas, Revolución, el fraccionamiento Santa Gertrudis y en la colonia Flamingos, en diferentes etapas. También hizo compromiso de regularizar las propiedades de las colonias Santa Fe, Campesina Tercera Ampliación, Kilómetro 92 y la zona urbana del Ejido el 10.
Marcos Chávez, presidente municipal de Jiménez anticipó que están en trámites de aprobación y gestoría las siguientes obras: la ampliación de la red eléctrica en los ejidos California y Nuevo Saucillo; el alumbrado público en Torreoncitos, en Lázaro Cárdenas, Nuevo Saucillo, California y Ejido Libertad. Entre los acuerdos a que se llegó con el munícipe, se continuarán los trabajos para la ampliación del drenaje en el Ejido El Triunfo. Se dará también mantenimiento o cambio del cableado eléctrico en la red de la colonia Lázaro Cárdenas.
Finalmente, Marco Adán Quezada Martínez, alcalde de Chihuahua, autorizó la introducción de energía eléctrica en La Noria segunda etapa, Los Llanos una ampliación, María Isabel, Los Bosques, Secretaria de Educación Pública, Granjas Chihuahua, Santa Elena, Granjas Chihuahua 6, Ampliación Valle Dorado, Granjas Villa Juárez, Ampliación 11 de febrero y Ampliación 11 de febrero Jones, Granjas Cerro Grande Soto, Granjas Cerro Grande entre novena y abetos y el Mimbre. La construcción de la línea de conducción para el agua potable de Ampliación Valle Dorado y Praderas y la dotación de maquinaria para la línea de conducción en Lomas de Oriente. El establecimiento de una Clínica de Salud para Vista Cerro Grande. La construcción de una cancha de usos múltiples en Jardines de Sacramento; baños y acabados en salón de usos múltiples en la colonia Clara Córdova Morán. Pavimentación de calle Plan de San Luis en la colonia Renovación. Construcción de puente vehicular en la calle 66 y media de Vista Cerro Grande; y la implementación del programa de mejoramiento a la vivienda para 855 familias. Todas estas obras o programas se llevarán a cabo con base en un calendario que culminará en noviembre de 2012.
Con Israel Beltrán Montes, presidente municipal con licencia y con Rafael Martínez Pérez, presidente en funciones, ambos del municipio de Cuauhtémoc, acordamos el inicio de la dotación de 600 lotes para vivienda popular (se entregarán 200) en la colonia “Chano Duarte”, la pavimentación del acceso en Santa Lucía, Progreso y Morales en este año 2012, la introducción de electricidad en la primera etapa y la construcción de salón de usos múltiples en la colonia Los Alcaldes
Llegar a la culminación de esta etapa de la lucha no fue fácil: fue necesario vencer resistencias, intentos por violentar nuestros derechos constitucionales, negativas rotundas, maniobras dilatorias y hasta amenazas de represión veladas; pero al final pudo más la lucha organizada de los antorchistas, la tenacidad y empuje de los que decidieron luchar para defender sus derechos y lograr una vida mejor, la verticalidad de nuestros dirigentes que siempre estuvieron en la primera línea de la batalla, la fuerza del antorchismo y la razón en los argumentos para justificar todas y cada una de las demandas planteadas para alzarnos con la victoria en esta etapa de la lucha y hacer más respetable nuestra organización para que nuestros derechos fueran respetados.
Sin embargo, como es evidente, se impone la necesidad de vigilar celosamente el cumplimiento de los acuerdos, por tanto, hay que continuar en pie de lucha; porque al primer intento por violentar lo pactado, nos levantaremos como un solo hombre para exigir el cumplimiento de la palabra empeñada.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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