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Vinculan a proceso a exalcaldesa de Centla porque mandó encarcelar a periodista

Un juez federal de control vinculó a proceso a la exalcaldesa del PRI en Centla, Tabasco, Gabriela López Sanlucas, al reunirse los elementos necesarios sobre su posible participación de los hechos denunciados por el periodista Felipe Eladio Jiménez Solís, quien dijo haber sido ilegalmente detenido y encarcelado por órdenes de ésta, el pasado 30 de diciembre de 2016 mientras documentaba presumibles actos de corrupción de esa administración.

Desde ese entonces el periodista ha seguido un largo litigio en las instancias federales, PGR y CNDH, que culminó esta semana con una sentencia condenatoria contra el jefe de la policía que lo detuvo arbitrariamente, Luis Alfonso Arias Notario, a quien le dictaron 18 meses de cárcel y pago de reparación del daño, aunque sigue su proceso en libertad.

Por agresión a periodista, condenan a 18 meses de cárcel a exmando policiaco en Tabasco

En tanto, López Sanlucas fue arrestada el pasado jueves 18; sus abogados demandaron la duplicidad del término constitucional pero no pudieron desvirtuar la presunta responsabilidad de la ex edil y ayer por la tarde el Juez Federal de Control le dictó auto de vinculación a proceso, por los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio del comunicador Jiménez Solís.

El abogado que defiende a López Sanlucas es Miguel Ángel Romero Pérez, el mismo del exgobernador Andrés Granier, detenido desde 2013 en la cárcel de Tepepan.

Romero Pérez no pudo hacer nada ante el cúmulo de pruebas ofrecidas por los fiscales de la PGR y fue formalmente vinculada.

Se le restringió la salida al extranjero y de Tabasco, además de otras medidas cautelares como evitar comunicarse con quienes participan en el litigio, ni acercarse al periodista afectado.

Las partes acordaron un lapso de tres meses para que se continúe y concluya esta etapa procesal abierta en contra de la exalcaldesa.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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