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Duarte

Ya detuvieron a Duarte… ¿Ahora qué sigue?

El portal periodístico Animal político, se dio a la tarea de explicar que sucederá luego de que César Duarte Jáquez, fuera capturado en los Estados Unidos.

La Fiscalía General apuntó que se espera que, en un plazo de 72 horas, es decir, hasta el próximo viernes, el exmandatario priista sea presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.

Una vez allí, se iniciará un juicio de extradición. Este juicio, que no es penal, es básicamente un proceso en el que, en primer lugar, un juez estadounidense tiene que determinar si se cumplen todos los requisitos del tratado de extradición que México y Estados Unidos firmaron en 1978, y que entró en vigor hasta 1995.

La abogada Adriana Greaves, cofundadora de Tojil AC, explicó en entrevista que el juez estadounidense verificará, por ejemplo, que la orden de aprehensión en contra de Duarte viene correctamente fundada desde México y que contiene datos de prueba de que el exmandatario cometió probablemente los delitos que se le imputan.

Una vez hecho esto, entonces el juez informará a Duarte de cuáles son los delitos que le imputa México y por qué existe una orden de extradición para que enfrente el proceso penal en su país de origen.

Este punto de cuáles son los delitos que se le imputan es clave, subrayó también en entrevista el abogado José Mario de la Garza. ¿Por qué? Porque una vez que se le formulen los presuntos delitos, esos son los que se juzgarían en México. Es decir, ya no habría posibilidad de añadir otros delitos.

En este caso, la FGR informó en un comunicado que la orden de aprehensión que detonó la captura del exgobernador es solo por dos presuntos delitos: peculado y asociación delictuosa. Y esto, en opinión de De la Garza, ya podría estar “limitando” la responsabilidad de Duarte en otros delitos que se le han imputado en México a lo largo de estos últimos tres años en los que ha estado prófugo.

“Será clave ver cuál es la cantidad que se le imputa por peculado y asociación delictuosa, y eso se dirá en el juicio de extradición. Porque si lo acusan por peculado de un millón de pesos, por ejemplo, pues obvio que la pena sería muy menor”, planteó el abogado.

Pero, antes de llegar a ese paso, la defensa del exgobernador aún podría ‘combatir’ la extradición durante el juicio en Florida. De hecho, el abogado De la Garza advirtió que estos procesos de extradición pueden ser “muy complejos” y dilatarse hasta por dos años.

La defensa podría, por ejemplo, alegar que no se cumplieron todas las formalidades del tratado de extradición, o que existe una persecución política en su país de origen. Incluso, aunque el juez determinara la extradición, Duarte aun tendría un ‘chance’ para apelar la decisión y alargar más el proceso.

Sin embargo, la abogada Greaves opina que, ante la cantidad de órdenes de aprehensión en su contra y de imputaciones por desfalco, parece complicado que Duarte pueda evadir indefinidamente la extradición.

“Lo veo difícil. Creo que la pregunta no es si será o no extraditado, sino cuándo”, apuntó la abogada de Tojil AC, quien puso sobre la mesa otra posibilidad, aunque matizó que es solo una hipótesis: que la justicia estadounidense también requiera a Duarte.

“Por ejemplo, si hubiera una investigación en Estados Unidos de que Duarte habría lavado dinero de México allá, un juez de ese país podría levantar la mano y decir que tiene otro proceso abierto y pedir que se le investigue allá”, apuntó la abogada.

Y, en caso de que se trataran de los mismos hechos por los que se pide la extradición, Duarte podría decir que prefiere ser juzgado en Estados Unidos y no en México.

¿Y qué sucede en caso de que Duarte sea extraditado a México?

En cuanto el exgobernador pisara suelo mexicano tendría que ser trasladado ante un juez. En este caso, puesto que la orden que detonó la captura de Duarte en Florida la emitió una jueza de Chihuahua, sería puesto a disposición de las autoridades chihuahuenses, informaron fuentes judiciales consultados por Animal Político.

“Las órdenes de aprehensión son de un juez de Chihuahua, por lo que allá tendrán que ponerlo a disposición de la autoridad que lo reclama”, dijo la fuente consultada, no sin antes recordar que para que eso suceda, antes deben cumplirse todos los trámites legales y administrativos del proceso de extradición.

Una vez aquí, se da comienzo a la audiencia inicial, donde se tendría que determinar si la detención fue legal, si se respetaron los derechos humanos, entre otras cuestiones.

Luego, el juez o la jueza le informaría de nuevo sobre cuáles son los delitos que se le imputan, y en esa audiencia podría determinarse si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso, y si se le aplica alguna medida cautelar para que enfrente el resto del proceso judicial en prisión preventiva, o con alguna otra medida como el uso de un brazalete, entrega de pasaporte, etcétera.

En este caso, y puesto que César Duarte estuvo oficialmente prófugo de la justicia por más de tres años, el abogado José Mario de la Garza opinó que, en caso de que fuera vinculado a proceso, sería “muy probable” que se le decretara prisión preventiva.

 

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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