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México

Yarrington y narco palomeaban ediles; revelan testigos del caso

El exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington palomeó en contubernio con líderes del Cártel del Golfo y de Los Zetas a una serie de candidatos a alcaldías y encargados de Seguridad Pública, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDC5/240/2012.
Declaraciones del testigo protegido identificado con el nombre clave de Pedro revelan que durante el gobierno de Yarrington todos los alcaldes de los municipios de Tamaulipas se encontraban en la nómina del Cártel del Golfo, “ya que entregábamos dinero a varios de ellos”, refirió.

Otro de los testigos identificado como Óscar expuso ante la PGR que Yarrington palomeó y nombró como procurador del estado a Francisco Tomás Cayuela Villarreal, quien se encargó de designar a los comandantes de la policía ministerial de su confianza, para que siguieran apoyando al Cártel del Golfo, en el trasiego de droga.

Incluso narró que entre junio y diciembre de 1999 se le ordenó, en al menos tres ocasiones, entregar dinero a Cayuela, para que éste a su vez lo entregara al gobernador.
Yarrington palomeaba candidatos para cártel

Narcos imponían a sus hombres en alcaldías y encargados de la seguridad pública a cambio de dinero u otras gratificaciones.

Según quedó asentado dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDC5/240/2012, en declaraciones del testigo protegido identificado con el nombre clave de Pedro, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington palomeó, en contubernio con líderes de los cárteles del Golfo y de Los Zetas a una serie de candidatos a alcaldías y encargados de la seguridad pública a cambio de dinero u otras gratificaciones.

Pedro declaró ante la Procuraduría General de la República (PGR) que una vez que Yarrington Ruvalcaba se convirtió en gobernador se percató que los integrantes del Cártel del Golfo “andan ya en las calles trabajando con libertad”, ya que la policía municipal y estatal en su gran mayoría eran puestos por parte del mismo cártel.

“Así también sé que durante el gobierno de Tomás Yarrington Ruvalcaba todos los alcaldes de los municipios de Tamaulipas se encontraban en la nómina del Cártel del Golfo, ya que entregábamos dinero a varios de ellos”, refirió.

Otro de los testigos identificado como Óscar expuso ante la PGR que Yarrington palomeó y nombró como Procurador General de Justicia del Estado a Francisco Tomás Cayuela Villarreal, quien se encargó de designar a los comandantes de la policía ministerial de su confianza, para que siguieran apoyando al Cártel del Golfo, en el trasiego de droga.

Incluso narró que entre los meses de junio y diciembre de 1999 se le ordenó, en al menos tres ocasiones, entregar dinero a Cayuela Villarreal, quien se desempeñaba como procurador de Justicia de Tamaulipas, para que éste a su vez lo entregara al gobernador.

Dichas entregas Óscar las llevó a cabo en compañía del sujeto conocido como El Caris en diversos sitios de Matamoros que eran elegidos por el entonces subdirector de la Policía Ministerial del Estado y quien era muy allegado al procurador.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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