Opinión
YO TENÍA UN HIJO Por Luis Villegas
Adolfo no es muy blanco, que digamos; de ojos negros soñadores, más bien enteco (con eso de que está en pleno crecimiento); y en lugar de cabello tienen unas cosas negras y en punta que le salen de la cabeza, de modo que si le ve la coronilla, Usted piensa que es un puercoespín hecho bolita. Pues bien, yo tenía un hijo que se llamaba Adolfo y el regreso a clases me lo convirtió en el “Pípila”. Ahí estaba, el pobre, parado en el vano de la puerta, cargando una losa en su esmirriada espalda. Me imagino que Adolfo fue feliz hasta hace poco; desde la primaria estuvo en una escuela en la que no debía llevar uniforme, podía traer el pelo hasta la cintura sin que nadie lo mirara feo, se la pasaba en shorts (rotos) y camiseta (aunque fuera enero y llegara más azul) y vivía un estado de beatitud e indiferencia muy parecido al nirvana que afanosa -e inútilmente al parecer, en la mayoría de los casos-, buscan los budistas. Próximo a entrar a la preparatoria, dado que habrá de ir a la escuela a la que asiste su hermana, decidimos que su tercer año lo cursara en el mismo colegio para que se fuera enterando de los rigores del mundo. Mirándolo doblegado bajo el peso del bulto a sus espaldas, ahí nomás, parar variar, empecé a escribir estos párrafos.
Juro solemnemente que yo jamás terminé un libro escolar. Ni de mate, ni de química, ni de biología, ni de español, vamos, ni los de historia. Nunca, nunca, nunca, llegué a la parte donde dice: “Fin” (suponiendo que así terminen).
De ese modo, al ver la de bártulos, cuadernos y libros que les piden a mis hijos me dije, rotundo, a mi mismo: “Esto es un crimen. Un total, absoluto e inmisericorde despropósito”. Procedo a explicar algunos porqués.
No le voy a referir a usted, amable lector, gentil lectora, los pormenores de “comprar los útiles” de sus hijos; usted ya sabe más o menos de qué va esa tortura. El absurdo, son esos listados de objetos inútiles, carísimos además, que piden las escuelas para avituallar a nuestros retoños. Para centrar el punto le voy a citar tres casos concretos:
1. El libro de biología que le piden a María, por ejemplo, es un mamotreto que no es que parezca tomo de enciclopedia, no señor; es que lo es. Ya lo quisiera Charles Darwin para gastar sus días en las Galápagos o de perdida para usarlo de almohada a la hora de echarse una pestañita pensando en su teoría de la evolución por selección natural; con ese ladrillo bajo la sesera, lo más seguro es que no habría conseguido gran cosa, excepto una insolación. Lo triste del caso es que es un libro que, los sé por experiencias propias y ajenas, María no va a terminar de leer ni en este ni en el curso por venir y ni, probablemente, jamás en la vida (porque lo que sea de cada quién, a María se le ven ganas de cualquier cosa menos de llegar a ser bióloga).
2. Los 15 cuadernos que le pidieron a Adolfo; si cursa, digamos, ocho materias por año, ¿no sería más sensato pedirle un cuaderno por cada una? Si al final resulta que un cuaderno es insuficiente pues se compra otro y ya; pero así, quince de un jalón, ¿por qué o para qué? Digo, eso es tan irracional, tan estúpido, que no distingue entre quien tiene “letra grande” y “letra chiquita”, por ejemplo; de tal modo que habrá quien tenga necesidad solamente de ocho y habrá quien necesite veinte. ¿O no?
3. El diccionario que les piden a los dos; ¿para qué demonios -me pregunto yo- necesita mi descendencia un utensilio de esa laya en pleno Siglo XXI? Existiendo una y mil herramientas que la tecnología pone a nuestro servicio, Ipad, Google, Wikipedia y miles de libros electrónicos (fáciles de “bajar”, leer o consultar), en acervos lícitos además, no comprendo la razón de pedir un diccionario de papel, de casi 400 pesos -como de a 50 centavos la página, oiga-; y menos aún cuando la casa, mi casa, la casa de ustedes, está llena de diccionarios: De consulta, de inglés, de italiano, de portugués, de etimologías, de antónimos, de ortografía y un etcétera que no más de pensarlo me entran unas ganas de comerme un edredón (pero no lo hago, porque recién terminé por comprender el asunto de los ácaros).
Otra de las imbecilidades que no termino de comprender (ni de digerir), es eso de que las versiones de algunos libros se deban ir sustituyendo año tras año. En Química o Física podría entenderlo; “ciencias exactas” como son, es cosa de que lo sean más cada día (eso fue una ironía); pero ¿en historia? Digo, en alguna de esas versiones -de historia patria por ejemplo- ¿Villa gana en Celaya? Por pura casualidad, ¿no habrá una en donde al que le queman los pies sea a Cortés y luego se lo coman en pipián?
La libertad de enseñanza debería tener sus límites; básicamente, para impedir abusos y excesos de parte de las instituciones públicas y privadas -y en todos los niveles-. Y no me refiero a la memez que proponía el Partido Verde, para nada. Lo que hace falta, es una auténtica reforma educativa que empiece por educar a los docentes y luego de allí pos ya veríamos. No generalizo, que conste: Algunos de los peores individuos que he conocido a lo largo de mi vida son profes; pero algunas de las personas más maravillosas, inteligentes, cultas, lúcidas y generosas que he tenido el placer de tratar, también lo son.
El colmo fue el asunto de la Biblia -Antes de continuar hagamos una aclaración: Sí, mis hijos van a una escuela católica-; prosigo: Decía que está el asunto de la Biblia. Yo no entiendo porqué, cada año, les piden a mis hijos una. Si en el asunto de la enseñanza de la historia lo de cambiar de texto a cada rato es discutible, ¿qué podemos decir de la Palabra de Dios? Insisto, habrá alguna que consigne que fue Abel el que le partió su mandarina en gajos a Caín? ¿En alguna otra, es Jonás el que se come a la ballena aunque después se muera de indigestión?
No creo -ni lo creeré jamás- que las escuelas puedan enseñar, ni promover, ni infundir valores ni cívico, ni éticos, ni de cualquier otra índole, si el ejemplo cotidiano es el del dispendio y el derroche; el del burocratismo obtuso y funesto; el de la falta de sentido común; el del exceso y el desperdicio. A la larga, creo, eso cala más hondo que cualquier otra enseñanza. Ah y por cierto -conste que lo sé porque yo estuve ahí- en las escuelas públicas la cosa no marcha mejor.
Luis Villegas Montes.
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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