Chihuahua
Maru Campos pide a la Corte respaldar ley que anula elecciones con crimen organizado
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, hizo un llamado público a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que confirme la ley estatal que permite anular una elección si interviene el crimen organizado o si un candidato tiene vínculos con la delincuencia. La ministra y los ministros resolverán el caso este martes 29 de septiembre.
En un mensaje difundido este lunes, Campos recordó que Chihuahua fue el primer estado del país en establecer esa causal de anulación electoral a través del Congreso local. La reforma fue votada a favor por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, excepto por los diputados locales de Morena, quienes sufragaron en contra.
La gobernadora señaló que, ante la falta de votos en el Congreso local para revertir la norma, Morena acudió a la Suprema Corte para pedir que no se toque a los candidatos vinculados con el crimen y que se eche fuera la ley. Según expuso, la Corte decidirá si Chihuahua conserva una ley que protege el voto libre de la gente o una que abiertamente proteja al crimen organizado para postular a sus candidatos.
Campos citó el caso de Sinaloa como ejemplo de estados donde, dijo, el narcotráfico decide quién se registra, quién compite y quién gana, pese a que la gente vota. Frente a ese escenario, sostuvo que Chihuahua optó por una ruta distinta.
Dirigiéndose a las ministras y ministros, la gobernadora afirmó que llegaron a la Corte por el voto ciudadano y que lo que está en juego el martes es que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen. Agregó que el país entero observará la resolución y que proteger el voto de los chihuahuenses es una obligación para su gobierno.
Chihuahua
Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua
Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.
El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.
En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.
¿De qué se acusa a César Jáuregui?
Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.
El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.
Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.
¿Cómo se autorizó la orden de captura?
El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.
Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.
La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.
Lo que todavía falta por esclarecer
Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.
Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.
La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.
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