Sacudida en el PRI de Chihuahua es la que están generando los integrantes de la planilla blanca o ‘rebelde’, la cual ha entrado a cuestionar los métodos que por casi un siglo han operado en su partido. La labor sería noble y esperanzadora si no fuera porque esos “renovadores” aplicaron las prácticas más rancias del partido como dirigentes y candidatos, mientras les convino, por supuesto.

Ahora que no les conviene salen a armar un lío, que se pondrá peor con la decisión de la Comisión de Procesos Internos de negarles el registro, al parecer por no cumplir con la cuota de candidatos a consejeros, y de los que presentaron muchos ni militantes son. También se argumentó que los presidentes de comités municipales, incluidos en la planilla, no pueden ser parte de esta según los estatutos. Palo.

La intención no es encabezar al partido, sino reventarlo. Así lo explicamos en nuestra columna de ayer: se busca llevar el pleito hasta las últimas consecuencias, incluso a tribunales federales, lo cual estancaría aún más al tricolor. También hay crecientes sospechas de que esta planilla acabará arropada por Morena, el partido que ofrece el perdón a todo político pecador, así venga de la “mafia en el poder”.

Traen respaldo de Duarte. Sólo así se explica la coincidencia de personajes como Alejandro Domínguez, eterno becado del exgobernador, quien fue diputado local y federal por obra y voluntad del ballezano, quien llegó a controlar gran parte de la vida pública de Chihuahua y a influir en prácticamente toda.

Bancada vendida. Así se interpreta la sumisión total del Congreso a Duarte en sus años dorados. Un artículo de la revista Proceso recuerda que esta legislatura aprobó las primeras normativas a modo. Avaló las cuentas públicas sin observaciones, a pesar de las irregularidades exhibidas por políticos de oposición, académicos, medios de comunicación y activistas. Y después de esos «votos de confianza”, varios diputados brincaron a cargos estratégicos:

Enrique Serrano Escobar, coordinador de la bancada del PRI, fue alcalde de Juárez; Liz Aguilera García, quien era presidenta de la Comisión de Fiscalización, se convirtió en la secretaria de la Contraloría del Estado y posteriormente en secretaria general del PRI estatal (ahora también es investigada por omisión); Alejandro Lebarón fungió como delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y posteriormente como diputado federal; Brenda Ríos (del PVEM y esposa de Lebarón) devino delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Francisco Salcido fue nombrado director de Turismo, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y coordinador de la campaña a la gubernatura de Enrique Serrano; Alejandro Domínguez fue presidente del PRI estatal y ahora es diputado federal.

Jorge Abraham Ramírez (muy cercano a Duarte) fue designado director del Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Cispen) y posteriormente se convirtió en uno de los magistrados cuestionados por imposición y negociación entre el PRI y el PAN para proteger a Duarte; Gabriel Sepúlveda se volvió presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Fernando Mendoza fue nombrado secretario general del Poder Judicial.

Osorio Chong descobija a Duarte. Así se interpretaron las declaraciones del secretario de Gobernación, quien se ha aferrado a proteger al ex gobernador, en contubernio con tres procuradores, el PRI nacional y el propio presidente de la República, quien se sospecha recibió parte de los recursos saqueados de Chihuahua para su campaña.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria lleva ya más de nueve meses sin resolver una solicitud para que se le expulse, pero con estas declaraciones el estado de alguna manera reconoce la responsabilidad de Duarte, quien lleva 37 días prófugo de la justicia, algo que nadie duda, pero que tampoco nadie reconocía en el gobierno federal.

Más policías para Chihuahua ha sido la exigencia de Javier Corral al secretario, quien a regañadientes ha respondido más obligado por su responsabilidad institucional que por ganas de ver a Chihuahua libre de violencia. Al contrario, entre peor se ponga la situación en nuestra entidad, más jugo político esperan sacarle, retratando la transición como el pandemónium, y así esperan salvar al tricolor de la caída libre en la que se encuentra.

Denuncian a fiscal Peniche ante PGR. El delirantemente aguerrido Francisco Salcido está cumpliendo su papel de golpear tanto como pueda la administración de Javier Corral, y por ello acudió ante la PGR para denunciar a Augusto Peniche por ejercicio ilegal de la función pública, pues la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó. Buen perro, buen perro.

“El Licenciado” pasó su primera noche en Chihuahua, en el Cefereso de Ciudad Juárez, justo donde estuvo El Chapo antes de ser extraditado a Estados Unidos. Así, cumplió de una manera poco esperada su sueño de seguir los pasos de su antecesor, sólo se saltó la parte del poder y el glamour, y se fue directo al bote. Ahora falta ver quién lo relevará, y cuántos morirán por ello.

A Cabada lo apalearon en el Congreso, durante su comparecencia sobre el proyecto para la renovación del alumbrado público, que contempla que la empresa que gane la jugosísima licitación se comprometa a prestar el 90 por ciento del alumbrado público en todo momento, y si llegan a dejar de operar más del 10% se suspenderán los pagos y el Ayuntamiento se quedaría con la infraestructura. También dijo que primero se instalan las luminarias y después se paga.

Llevarían alumbrado a donde actualmente no lo hay, y no se pagaría más que el Derecho de Alumbrado Público ya incluido en el recibo de electricidad. Actualmente nueve de cada diez luminarias en Juárez no cumplen con la Norma Oficial Mexicana, funcionan mal, o ni prenden de plano. Todo suena muy bonito, pero sería endeudar a la ciudad, de por sí endeudada, por 20 años en los cuales pagaría mil 500 millones de pesos de dinero público que aún no se tiene, no hay estructura jurídica adecuada, y en general no creen que la privatización sea la mejor salida.

Sindicato del IMSS, nido de duartistas. Se habla de cómo operó el Duartismo en las Instituciones desde el Gobierno, y el sindicato SNTSS IMSS no es la excepción. Los actuales representantes sindicales han hecho de todo para ser del agrado de políticos, aunque en ello traicionen a la base trabajadora, al entregarlos como carnada política a los intereses del partido en turno, en su tiempo afianzaron la relación con Cesar Duarte y su equipo de corrupción.

En la campaña a la gubernatura obligaron a la base trabajadora a apoyar la campaña de Enrique Serrano a partir de verdadero terrorismo sindical, como ocurrió el 15 de mayo de 2016 cuando a pesar de la veda electoral en el IMSS, se pegó un aviso con la firma del delegado sindical, Manuel Alcántara, en todos los hospitales del IMSS, donde invitó a la base trabajadora a la presentación de las propuestas de campaña de Enrique Serrano,   con camiones listos en todas las unidades del IMSS, para que nadie batallara.

También están en la mira las acciones de Arturo Sainz Pérez de León, de Bolsa de Trabajo, quien ha destrozado los derechos sindicales al asignar las plazas vendiéndolas o a partir de intereses personales, otorgando puestos que requieren un perfil a personas que no lo tienen, e incluso propinando malos tratos a los sindicalizados. Así ha acomodado a Mónica Lizcelia Valenciano y Ana Cristina Limas Guaderrama, la primera hermana y la segunda cuñada de Jesús Valenciano García, diputado del PAN. Tal parece que este es el origen de la embestida contra el delegado estatal del IMSS, Cristian Rodallegas.

El secretario del interior y propaganda, Víctor Rivera Villareal, también tiene a casi toda su familia dentro del IMSS ignorando completamente el contrato colectivo del trabajo y los estatutos del SNTSS, ya que ha violentado casi todas sus cláusulas. Utiliza estos instrumentos de derechos del trabajador IMSS para legitimarse y permanecer a como sea en el sindicato.