Opinión
Vocación revolucionaria por Francisco Rodriguez Pérez
La Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Comité Municipal Chihuahua, hizo una distinción que me honra, compromete y estimula.
La CNOP Chihuahua me entregó el reconocimiento “Toribio Ortega Ramírez”, a la Trayectoria Institucional, lo cual agradezco profundamente.
Estoy convencido que la vida debe estar marcada por ideales, grandes ideales, vocaciones que marquen la existencia, en mi caso esos ideales y esas vocaciones encontraron un cauce afortunado.
Desde la adolescencia, con el refrendo en las juventudes priistas, se mostraba el camino, la ruta, el sendero por el que transitaría una Trayectoria Institucional que hoy queda a consideración de todos.
Al hacer referencia al evento de ayer, se hace también un reconocimiento a quienes en la historia de Chihuahua han entregado alma, vida y corazón en pos de la transformación de las condiciones de vida de nuestro pueblo.
A principios del siglo pasado destacó por ello el iniciador formal, anticipado incluso, de la etapa política de la revolución mexicana: Toribio Ortega, que en el pueblo de Cuchillo Parado dirigió a los primeros héroes revolucionarios de nuestra tierra.
Al nombrar a Toribio Ortega, un siglo después de su gesta heroica, queda la convicción de que no sólo deben festejarse y reconocerse sus acciones, sino ir más allá de ello para reivindicar las ideas, las palabras y los hechos de los revolucionarios.
Con esa postura comparto con ustedes las ideas que expresara como agradecimiento a la CNOP Chihuahua:
Reconocimiento “Toribio Ortega Ramírez”
En la biografía, en la trayectoria de una persona dedicada al servicio público, a la promoción y la defensa de la democracia y la justicia social, no pueden pasar inadvertidos esos agradables momentos del reconocimiento.
En mi caso, en esa lucha por la justicia social, he tratado de cumplir uno de los principios más profundos, uno de esos ideales que vienen del fondo de la conciencia y que se expresan en las palabras y en los actos: la vocación revolucionaria.
Por eso, el reconocimiento “Toribio Ortega Ramírez”, que hoy me entregan ustedes, desde el Comité Municipal Chihuahua de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, satisface una de las ambiciones de toda mi vida.
Me siento orgulloso y comparto el honor de ser reconocido por la Trayectoria Institucional y más aún porque hayan pensado en mí para la primera edición.
Acepto este reconocimiento con gratitud y con profundo sentimiento de compromiso.
Reconozco que el espíritu de equipo, el trabajo inquebrantable, la lealtad y los sacrificios personales de ustedes, mis compañeros, hicieran posible que se me concediera este honor.
En el reconocimiento “Toribio Ortega” deben participar todos mis compañeros, todos ustedes.
Y si agradezco y comparto la distinción y el honor, más aún me emociona el hecho que hayan tomado el nombre de un revolucionario chihuahuense, porque eso habla de una vocación, representa y sintetiza una vocación.
La vocación es un llamamiento, es el llamamiento.
Es la voz interior que se escucha imperiosamente. Seduce y ordena. Enamora y obliga. Es el mandato para la transformación. Ignacio de Loyola, en medio de una colosal parranda, escuchó la voz y se volvió santo. Francisco Madero vivía apaciblemente como un mediocre burgués, pero un llamamiento oportunamente obedecido lo convirtió en líder de la Revolución. Muchos de nuestros héroes y dirigentes latinoamericanos vivían oscuramente, hasta un día antes de escuchar y atender la voz del destino.
En 1968 vi a tímidos muchachos de 15, 17, 20 años, que de pronto se convertían en líderes del movimiento, aun a sabiendas de que les esperaba la cárcel, la tortura y probablemente la muerte…
Muchas personas en la historia del mundo, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio llevaron hasta el holocausto y el sacrificio su fidelidad a una vocación política descubierta de súbito, en un deslumbrador instante.
Muchos otros han aceptado y cumplido esa vocación en un marco de grandeza…
Al recibir este reconocimiento los invito para seguir cultivando nuestra vocación revolucionaria, porque revolución no es una palabra de moda sino un compromiso personal e intransferible para lograr la transformación social.
Los priistas, el sector popular del PRI, viven y promueven la grandeza del nacionalismo revolucionario y sus grandes metas: la democracia y la justicia social.
Hoy ante ustedes, refrendo mi compromiso para seguir luchando por esos grandes ideales con el ejemplo de los precursores de la revolución mexicana como Práxedis G. Guerrero; los iniciadores del movimiento armado de 1910 en Cuchillo Parado, con el liderazgo de Toribio Ortega; los grandes jefes revolucionarios, como Pascual Orozco y el mítico Pancho Villa, que en unos meses lograron que la primera etapa de la revolución mexicana iniciara y terminara en Chihuahua.
Muchas Gracias. Sigamos nuestra vocación
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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