Política

Pakistán| ¿Habrá arresto contra el ex primer ministro?

ISLAMABAD (AP) — Una corte paquistaní el jueves extendió la protección contra el arresto del expremier Imran Khan hasta el 1 de setiembre, dijeron fuentes oficiales, después que la policía presentó cargos de terrorismo contra el popular dirigente opositor.

Se acusó a Khan de que en un discurso el fin de semana pasado amenazó a agentes de policía y una jueza. Se temían choques violentos entre la policía y seguidores de Khan, que ha encabezado mitines de masas para reclamar elecciones anticipadas tras haber sido destituido. El gobierno ha dicho que las elecciones se realizarán en fecha el año próximo.

El jueves, Khan dijo a la prensa frente al tribunal que jamás amenazó a nadie.

Las acusaciones de terrorismo en su contra, dijo, obedecían a motivos políticos y a que el gobierno del primer ministro Shahbaz Sharif temía su creciente popularidad.

“Te burlas de Pakistán”, dijo Khan dirigiéndose al gobierno de Sharif.

Posteriormente, Khan se dirigió a otro tribunal donde se le inició una demanda criminal por desafiar la prohibición de realizar actos en Islamabad, la capital. En ese caso, la protección contra el arresto se extiende hasta el 7 de setiembre.

El abogado de Khan, Babar Awan, dijo que los cargos de terrorismo eran “un acto de revanchismo”.

Al arribar, se le dijo a Khan que caminara hacia el tribunal como cualquier sospechoso.

Cientos de partidarios de Khan concentrados frente al tribunal corearon consignas contra el gobierno de Sharif. Los manifestantes dijeron que Khan es una víctima del gobierno. Posteriormente, Khan se dirigió a su domicilio en las afueras de Islamabad.

Sharif sumió en abril después que el parlamento votó el retiro de confianza a Khan. Expertos en derecho dicen que Khan enfrenta entre algunos meses y 14 años de prisión, el equivalente de una cadena perpetua, si se lo halla culpable de terrorismo en un juicio que aún no ha comenzado.

Fuente: Publimetro

Política

La red Taddei opera en 17 estados con contratos por 1,803 millones de pesos

La red de empresas vinculadas a Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ha extendido sus operaciones a al menos 17 estados de la República Mexicana, acumulando contratos por un total de mil 803 millones 80 mil pesos. Estas empresas están acusadas de presunta simulación de competencia y conflictos de interés, y han proporcionado materiales y documentación electoral a diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Las investigaciones sobre los contratos y relaciones comerciales de estas empresas están siendo llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Entre las empresas implicadas se encuentra Formas Finas y Materiales, especializada en el suministro de papelería electoral, urnas, mamparas de votación y útiles de casilla. Esta empresa ha obtenido al menos 15 contratos adjudicados en 11 OPLE estatales, por un monto que supera los 540 millones de pesos.

Los documentos de fiscalización revisados ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que Formas Finas y Materiales tiene contratos con varios institutos locales, incluyendo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde se le adjudicaron contratos para el suministro de papelería, materiales de casilla y documentación electoral. Asimismo, la empresa ha sido contratada por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE Aguascalientes), donde se estima que la contratación asciende a aproximadamente 17 millones de pesos durante el proceso electoral de 2024.

Adicionalmente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) también ha contratado a Formas Finas y Materiales para la producción e instalación de documentación y material de casilla. Esta misma empresa brinda servicios al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), anteriormente conocido como la Comisión Estatal Electoral (CEE), con adjudicaciones de útiles electorales y materiales de votación. La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos electorales en el país.