Chihuahua
#3de3: El Consejo Consultivo Ciudadano de Transparencia ve falta de seriedad en la clase política
No obstante que la ciudadanía mexicana ha enviado el mensaje claro y contundente contra la corrupción, el manejo discrecional de los recursos públicos y el enriquecimiento cada vez más “explicable” de muchos políticos en la función pública, la clase política parece no acusar recibo, ni tomar con seriedad el tema.
A los diputados, senadores, gobernadores y demás miembros de la nomenclatura política de este país, de los diferentes signos partidarios, recientemente decenas de miles de mexicanos que respaldamos el apartado 3 de 3, dentro de la Iniciativa de Ley Anticorrupción, les marcamos la pauta de qué tipo de gobiernos y país deseamos, pero lamentablemente parece que no lo han entendido. En este sentido se expresó el Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Transparencia de la ciudad de Chihuahua (CCCT), Lic. Sergio Armando L. Castillo, ante la aprobación por parte del Senado de la República de la laye en la materia, la cual fue acotada, “rasurada” y limitada, añadió.
Explicó que con esa actitud mezquina y timorata por parte de los senadores, se frena un esfuerzo ciudadano que durante varios años ha estado trabajando y pugnando por una transparencia real, nítida y amplia, la rendición de cuentas y la fiscalización puntual de los recursos y la función pública. Sin embargo, aunque los ciudadanos mexicanos contamos con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los ámbitos federal, estatal y municipal, además de sus respectivos Institutos, Consejos y otros órganos garantes de esas legislaciones, los políticos siguen acotándolas y restringiéndolas. En este caso, expuso Sergio Armando López-Castillo, la Ley 3 de 3, que obliga a los servidores públicos a presentar declaración patrimonial, de conflicto de intereses y de la de impuestos, la han dejado “mocha”, incompleta, al dejar al criterio y libertad de los sujetos obligados, la publicación de ciertos elementos de posesión de bienes y valores dentro de su patrimonio, aludiendo razones de seguridad personal o de ámbito (privado).
Lo anterior añade el dirigente del Consejo Ciudadano de Transparencia de Chihuahua, significa una simulación, falta de seriedad y un “blindaje” a modo que los proteja del escrutinio público, lo que fomenta la corrupción y la impunidad en los cargos públicos de todos los niveles que ostentan, tan rechazados y criticados por la sociedad. Cabe mencionar que los senadores por Chihuahua votaron en contra el documento aprobado, y a continuación presentamos la lista de los senadores que (NO SE PRESENTARON) a la SESION correspondiente:

Chihuahua
Pérez Cuéllar demanda transparencia en sesión de la JMAS
Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Chihuahua, exigió la difusión completa de la sesión del Consejo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) celebrada el 29 de octubre. El dirigente solicitó al director ejecutivo del organismo, Marco Alberto Paredes Arroyo, que publique la grabación sin cortes, así como el acta y los documentos presentados durante la reunión.
Pérez Cuéllar cuestionó la falta de disponibilidad del video en YouTube y demandó una explicación pública sobre lo ocurrido con la transmisión. “Si me acusa de mentiroso, le lanzo un reto muy sencillo: que publique la sesión completa, sin cortes, junto con el acta y los documentos presentados a los consejeros. Que las y los juarenses vean cómo se condujo y saquen sus propias conclusiones”, expresó.
El líder morenista afirmó que la conducción de la reunión presentó irregularidades y consideró fundamental que la ciudadanía tenga acceso al material para conocer cómo se desarrolló. “¿Por qué ya no está disponible la sesión? Si la bajaron, ¿por qué lo hicieron? Sostengo que su conducción fue desaseada. Si el director asegura que todo fue transparente, que lo demuestre haciendo pública la grabación completa”, añadió.
Además, Pérez Cuéllar subrayó que las decisiones relacionadas con las plantas de tratamiento y los compromisos financieros de la JMAS deben estar sujetas al escrutinio público, dado que involucran recursos destinados a un servicio esencial para la población.
En otro tema, el dirigente solicitó al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que expliquen las autorizaciones otorgadas al Residencial Gardeno durante sus administraciones, así como los argumentos que respaldaron dichas decisiones. “Así como hoy hace señalamientos, también sería importante que el PRIAN explique a los vecinos y a toda la comunidad de Juárez qué aprobaron cuando gobernaban y por qué lo hizo. Las familias tienen derecho a conocer esa información”, afirmó.
Pérez Cuéllar indicó que miembros de ambos partidos participaron en una sesión donde se aprobó por unanimidad una modificación relacionada con el desarrollo habitacional y formaron parte de la Comisión de Desarrollo Urbano. “El PRIAN debe explicar sus propias decisiones. Aparecen sus miembros en una sesión donde se aprobó por unanimidad una modificación de Gardeno y también formaron parte de la Comisión de Desarrollo Urbano. ¿Qué revisaron antes de aprobar? ¿Qué estudios respaldaban esa decisión? ¿Qué condiciones exigió para proteger a las familias?”, cuestionó.
Finalmente, el dirigente planteó la necesidad de revisar el expediente completo para conocer el alcance de las autorizaciones y las responsabilidades de quienes intervinieron, sin establecer una relación anticipada con las inundaciones. “Hoy exige explicaciones y tiene derecho a hacerlo, pero también debe rendir cuentas de su actuación. Las familias merecen conocer qué se autorizó, con qué sustento y qué seguimiento se dio. Que se abra el expediente completo y que cada quien responda por sus decisiones”, concluyó.
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