Del total de 8 mil 277 mujeres y hombres que se encuentran privados de la libertad por la comisión de delitos, en el caso de aborto no hay sentenciados ni procesados, informó la autoridad estatal. Por robo simple de carácter federal, son pocos indicó la Fiscalía General del Estado (FGE) y la mayoría está fuera de prisión con alguna medida cautelar.

Empero en el rubro de delitos contra la salud, donde la población penitenciaria es de 489 personas, es donde se encuentra el mayor grupo de eventuales solicitantes.

Con la promulgación de la Ley de Amnistía el pasado miércoles, el Gobierno Federal pretende liberar de todas las cárceles del país a quienes hayan cometido delitos considerados como “no graves” y sacar de prisión a los grupos vulnerables, bajo el argumento de los riesgos de contagio por la pandemia del Covid-19.

Entre estos se encuentran los procesados y sentenciados por aborto, homicidio en razón de parentesco, delitos contra la salud, sedición y robo simple sin violencia.

Sin embargo, por cada delito se tienen que cumplir ciertos requisitos para poder liberar a los acusados, por ejemplo, en el caso de los delitos contra la salud se refiere que sólo se beneficiará a las personas que cometieron ese ilícito por estar en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad; por tener una discapacidad permanente; de igual forma cuando el delito se haya cometido por indicación del cónyuge, entre otros factores.

El decreto señala que en el caso de las personas sentenciadas se realizarán las actuaciones necesarias conducentes para ordenar su liberación, mientras que en el caso de las personas sujetas a proceso penal o incluso las prófugas de la justicia, se ordenará a la Fiscalía General de la República (FGR) el desistimiento de la acción penal.

A este respecto, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche declaró ayer a este medio de comunicación que no había una proyección del número de reos que pudieran acceder a ese beneficio. Pero aclaró que la Ley sólo aplica al ámbito federal, donde cada Congreso de los 32 estados del país, decidirán si hacen o no reformas y cambios a sus leyes.

“Realmente no hemos hecho la proyección, pero fundamentalmente la Ley de Amnistía es federal, sólo aplica para casos que se hayan tramitado ante jueces federales. En el delito de aborto no hay un solo caso en Chihuahua, está descartado”, explicó.

Por otra parte –abundó-, en el caso del robo simple, el 99 por ciento son tramitados ante el fuero Común, y donde hay un número muy reducido en el ámbito federal, por ejemplo aquellas personas que hayan robado instalaciones del IMSS, y CFE, etcétera.

Dijo desconocer cuántos asuntos hay de robo simple, pero afirmó que regularmente las penalidades son muy bajas, debido a las opciones que permite el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que permite salidas alternas o llevar el proceso bajo otras medidas cautelares a la prisión preventiva.

En delitos contra la salud, reconoció Peniche Espejel que en un 90 por ciento son por narcomenudeo, y solamente en aquellos casos donde se va más allá de la posesión simple, está dentro de la esfera de los juzgados federales.

Pero eso no implica que quienes estén recluidos bajo esa clasificación de delitos, soliciten el beneficio de la amnistia.

En la opinión del titular de la FGE, el impacto de la Ley de Amnistía federal será reducido y marginal.

“Yo lo que veo, es que la intensión de esta Ley de Amnistía no está en su aplicación inmediata, sino más bien su importancia estriba en los artículos transitorios, pues mandata a la Segob a que gestione ante cada estado de la República, la emisión de una Ley local, ante los congresos estatales, ahí sí habría un mayor impacto. La intención es abrir la puerta para que los congresos locales legislen con este propósito, dependerá de cada entidad federativa determinarlo”, concluyó Peniche Espejel.

Cortesía: El Diario de Chihuahua