Con la asesoría y apoyo legal de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), los padres de Alondra ,la menor que la Interpol sustrajo de la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz de esta ciudad, presentarán demandas ante autoridades de México y EU por la violación a las garantías de la niña.

Mientras, la Procuraduría de Justicia de Michoacán inició una averiguación previa en contra de la juez de primera instancia en materia civil, con sede en Los Reyes, Cinthia Elodia Mercado García, por “posibles hechos constitutivos de delito” cometidos en la audiencia de restitución de la menor, en la que resolvió la custodia de Alondra Luna a favor de Dorotea García Macedo, quien decía ser su madre biológica y se la llevó a Houston, Texas, en donde se probó mediante estudios de ADN que era falso.

El Consejo del Poder Judicial de Michoacánsolicitó a la juez un informe pormenorizado del procedimiento que realizó en la restitución internacional de la menor.

En el tratado internacional, del cual forma parte México, se observa que: La Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (firmado el 25 de octubre de 1980, y vigente para México a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de marzo de 1992), puesto que es responsabilidad de diversas instituciones del país, entre ellas los tribunales de justicia, el cumplimiento de los procedimientos que ahí se señalan.

Apoyo a la familia.
Gustavo Luna Romero, padre de Alondra, señaló que el coraje que siente por la cadena de errores y abusos por parte de las autoridades en agravio de su hija y de su familia, lo mantiene firme en su decisión de presentar denuncias en contra de los responsables en México y Estados Unidos.

La madre de Alondra, Susana Núñez, explicó que no aceptará “una disculpa” como respuesta a su demanda de justicia, porque es mucho el daño que le han causado a su familia.

En este sentido, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se comunicó por teléfono con los padres de la menor y a nombre del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, les ofreció ayuda legal y sicológica para Alondra.

En entrevista radiofónica con Leonardo Curzio, el funcionario federal consideró que la disculpa pública es un recurso útil, pero «me parece que en casos como éste es insuficiente, necesitamos además de eso, me parece que tenemos que trabajar para reparar el daño que se ha generado».

El próximo martes Campa viajará a Guanajuato para reunirse con los padres de la menor, por lo que posiblemente Alondra regresará a clases ese día y no el lunes como se dijo.

Desde el miércoles pasado que Alondra volvió a su hogar, a Gustavo lo acompaña el abogado Carlos Ruiz, de la Procuraduría de Derechos Humanos y, una psicóloga de la institución está pendiente de la menor.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó información a varias dependencias del gobierno federal sobre su actuación en el caso de Alondra.

La información fue solicitada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional de Seguridad, Presidencia del Sistema DIF en el estado de Michoacán y al Tribunal Superior de Justicia.
Agregó que una vez que se reciban los informes solicitados, la CNDH los analizará a fin de emitir el pronunciamiento que proceda sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos de la la adolescente.

Fuente: El Informador