Cemeí Verdía Zepeda, comandante general de la Policía Comunitaria de Ostula, Michoacán, fue liberado y reaprehendido de inmediato el martes, mientras personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaba su comunidad.
Por la mañana, un juez federal le concedió la libertad “por falta de pruebas”, luego de que sus abogados demostraron que las armas que portaba -motivo de su detención in fraganti, según la Procuraduría General de la República- le fueron proporcionadas por el gobierno de Michoacán.
Al salir del penal, Verdía fue nuevamente detenido y devuelto al mismo centro penitenciario, esta vez como resultado de la existencia de una orden de aprehensión, “por delitos de fuero común”.
“Nos dicen que es por secuestro y homicidio”, refirió vía telefónica uno de los comandantes de la policía comunitaria.
La misma fuente afirmó que en una reunión que sostuvieron en días pasados en la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, comisionado para los Pueblos Indígenas del gobierno federal, “nos habló de que existían unas viejas órdenes de aprehensión, pero nos aseguró que no serían ejecutadas”.
Las autoridades federales acusaron a Verdía de violar a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues al momento de su detención tenía en su posesión dos fusiles, un arma corta y cartuchos. Las armas de fuego, al igual que el vehículo blindado en el que viajaba, le habían sido proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) de Michoacán.
Fuente: La Jornada.
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