México

Mujeres indígenas, más vulnerables a la trata

En el ámbito rural y semiurbano de México, 90 por ciento de las niñas tiene una presión familiar por encontrar una alternativa económica que apoye a los padres, lo que las hace más vulnerables al fenómeno de la trata de personas, opinó la investigadora Angélica Bautista.

La psicóloga social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) advirtió que el fenómeno se ha acrecentado debido a la falta de oportunidades, de tal forma que los propios padres y hermanos orillan a niñas y jóvenes a ser víctimas de estos fenómenos.

Mediante un comunicado, destacó que hay zonas tipificadas en entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas donde la trata de personas es creciente; “poco más de 30 por ciento de las niñas es enganchada para apoyo al trabajo doméstico”.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio, la especialista del Departamento de Sociología explicó que en relación con la trata se cree que utilizan a las personas sólo para comercio sexual o prostitución, pero también se lleva a cabo para casos de explotación laboral.

“Ante la falta de oportunidades, las jóvenes son seducidas con engaños y se las llevan a las ciudades. Esto no se ha visibilizado lo suficiente porque en las zonas urbanas, donde la mujer se ha emancipado y tiene más alternativas de desarrollo personal y educativo, pareciera que el problema no existe”, explicó.

Bautista López recordó que entre las acciones que llevan a cabo, principalmente por las comisiones de derechos humanos de los estados y las organizaciones de la sociedad civil, para mitigar la trata de personas destacan los esfuerzos para orientar a las mujeres jóvenes en centrales camioneras.

Sin embargo, consideró que la mayoría es trasladada directamente desde sus lugares de origen por quienes forman parte del negocio, por lo que el esfuerzo se minimiza aunado a que la propia familia propicia que las mujeres se desplacen porque tienen que mandar dinero a sus casas.

Como política pública tendría que haber una labor desde el sector educativo para fomentar la equidad en la formación niños y niñas en todo el país y de manera muy especial en las regiones mencionadas para transformar la cultura misógina en la que las niñas no tienen derecho a opinar y a definir su futuro.

“Esto implica un esfuerzo coordinado de diversas instancias locales, estatales y federales, pues de no llevarse a cabo acciones más concretas el fenómeno crecerá”, abundó.

Consideró que también se deben aplicar otras estrategias como campañas en medios de comunicación, particularmente a nivel local por medio de las radios comunitarias y en los centros de salud, con información que propicie el posicionamiento de las mujeres que se encuentran en mayor desventaja para enfrentar esta amenaza.

EL Diario de Victoria

México

Madres de víctimas exigen justicia en caso de guardería Gussi tras 18 meses

A 18 meses de la denuncia por presuntos casos de violencia sexual en la guardería Gussi, madres de las niñas afectadas se reunieron con la diputada María Antonieta para expresar su preocupación por la falta de avances en las investigaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM). Las madres relataron que sus hijas, algunas de apenas uno, dos y tres años, estaban bajo el cuidado de la guardería cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Las madres manifestaron que, además del dolor por lo sucedido, enfrentan la incertidumbre de un proceso que no les ha brindado la certeza de que las autoridades estén investigando con la seriedad que el caso requiere. La diputada destacó la gravedad de las afirmaciones de las madres, quienes señalaron que desde la FEM se ha sugerido que las agresiones podrían haber ocurrido fuera de la guardería, sin que se les presenten elementos suficientes que respalden dicha hipótesis.

“No se puede investigar para encontrar una explicación que exonere antes de investigar a fondo. Si hay niñas que fueron víctimas de violencia sexual, la obligación de la autoridad es esclarecer qué ocurrió, dónde ocurrió y quiénes son responsables”, afirmó la legisladora.

La diputada informó que su equipo jurídico está revisando el estado de los expedientes y que buscará la colaboración de organizaciones especializadas, como Casa Amiga, para apoyar a las familias y definir una estrategia jurídica que exija resultados a las autoridades.

Este caso pone de manifiesto una falla que trasciende el ámbito de una carpeta de investigación, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las niñas bajo su cuidado. Cuando ocurren incidentes de esta naturaleza, también debe investigar con rigor y proteger a las víctimas.

“No podemos normalizar que unas madres tengan que tocar puertas durante año y medio para conseguir que se investigue lo que ocurrió con sus propias hijas. Las infancias no pueden esperar. Y si alguien, por omisión o negligencia, no está haciendo su trabajo, tendrá que responder por ello”, enfatizó la diputada.

La legisladora reafirmó su compromiso de acompañar a las madres desde su responsabilidad legislativa y utilizará las herramientas a su alcance para exigir que las autoridades competentes actúen con diligencia, perspectiva de infancia y enfoque de derechos humanos, hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.