El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no meterá las manos al fuego por el Diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad, señalado de tener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El PRI es un partido político. Las personas somos responsables de nuestros propios actos. El PRI lo que hace es estar pendiente del desarrollo de la vida nacional, si hay alguna investigación que siga, que se profundice, que se haga con absoluto sentido de la responsabilidad. Y cada quien porque las conductas penales son personales e intransferibles afrontara las consecuencias, por ahora lo que hay es una fotografía”, dijo el coordinador de la bancada del PRI en la cámara de Diputados, César Camacho Quiroz.
El coordinador descartó que sea su partido el que deba pedir que este caso se investigue, “ya que son las autoridades las que deben pedir a las personas estar a su disposición y no al revés”.
Sin embargo esta mañana fue el Partido Acción Nacional a través de un grupo de legisladores el que pidió el desafuero del Diputado Abdalá y anunció que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de l República (PGR).
El Senador panista, Fernando Yunes Márquez, refirió en conferencia de prensa que el vínculo estaba más que acreditado, principalmente, porque el Gobernador Javier Duarte de Ochoa acusó a Navarrete de ser un líder criminal, supuesto responsable de la desaparición de cinco personas en Tierra Blanca, el pasado 11 de enero.
Estas acusaciones se dieron, después de que una publicación del diario Reforma vinculara a Abdalá con Francisco Navarrete, presunto miembro del CJNG. De acuerdo con varios testimonios recogidos por el diario, Navarrete fue operador de la campaña del Diputado por Veracruz en la carrera a la diputación federal el año pasado.
Navarrete habría movilizado diversos objetos entregados en mítines del entonces candidato, entre ellos playeras, comida y cervezas. El ahora Diputado, también, fue señalado con anterioridad por partidos opositores de presuntos desvíos millonarios cuando fue Secretario de Finanzas del Gobernador y ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera.
“Nosotros, cualquiera de los diputados del PRI estamos a las ordenes de las autoridades dedicadas a la investigación por hechos que pueden ser constitutivos de delito. No pretendemos darle espacio a la impunidad. Y si a alguien le resunta una responsabilidad, deberá tener los arrestos para hacerle frente. La militancia política no debe ser ningún factor que disminuya o aumente los derechos de cualquier ciudadano ante la ley”, dijo Camacho.
La declaración del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones esta mañana inició con varios cuestionamientos por la colusión del narcotráfico y las autoridades. Destacan los casos del afiliado al PRI Héctor Ramón Takashima, quien está consignado por ayudar a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y el también supuesto vínculo con el mismo criminal por parte de la Diputada local del PAN, Lucero Sánchez López.
“Preocupantemente, ha logrado penetrar el crimen organizado en las estructuras políticas del país, hay una necesidad de medidas profundas que permitan atacar el crimen organizado. Es otro debate pendiente, abordar todo lo relacionado al lavado de dinero y su combate eficaz”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva y aseveró que hay vulnerabilidad.
