La Secretaría de la Defensa Nacional informó ayer que es falso un oficio en el que se asegura que durante la masacre de jóvenes en Villas Salvárcar, en Ciudad Juaréz, Chihuahua, se utilizarón armas que formaron parte de la fallida operación encubierta Rápido y Furioso.
La noche del sábado 30 de enero de 2010 estudiantes de tres diferentes preparatorias celebraban una fiesta en una casa de Villas de Salvárcar. Cerca de la media noche sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra los asistentes, el saldo: 15 personas muertas.
“El Diego”, líder del brazo armado del cártel de Juárez, tras ser detenido, confesó haber ordenado la masacre. Sin embargo, la semana pasada la cadena de televisión hispana Univisión reveló un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que se asegura que al menos tres de las armas empleadas en la matanza fueron facilitadas por el gobierno estadounidense.
El documento, firmado el 9 de marzo de 2010 (dos meses después de la masacre), está dirigido al entonces comandante de la Quinta Región Militar, en Chihuahua, general de Brigada Jesús Espitia Hernández, en el cual, el subteniente Rigoberto Vega García explica que “de acuerdo a información obtenida por la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, se utilizaron armas provenientes de un programa de rastreo de esta dependencia norteamericana, y fueron ingresadas por la frontera de Rodrigo M. Quevedo, Chihuahua, de manera ilegal”.
LA OTRA VERSION
Al menos en 100 escenas de crimen en México fueron utilizadas armas provenientes de la operación Rápido y Furioso, entre ellas la matanza de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar y la masacre en un centro de rehabilitación(ambas ocurridas en Ciudad Juárez, Chihuahua) y elasesinato de Mario González, hermano de la exprocuradora chihuahuense, Patricia González.
Lo anterior fue dado a conocer por el periodista Gerardo Reyes, director del equipo de investigación de Univisión que el domingo presentó un reportaje en el que revela que algunas de las armas trasegadas ilegalmente a México por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) fueron usadas en actos criminales en el país.
En entrevista con Noticias MVS primera emisión, Reyes sostuvo que hubo “un planteamiento perverso” en la operación del programa, en tanto que la única manera de medir su efectividad era que las armas se usaran.
El periodista Jorge Ramos, quien también participó en la investigación de Univisión, señaló que “el gobierno norteamericano es en parte responsable de que estos mexicanos hayan muerto” pero que ni éste ni el gobierno mexicano han asumido su competencia en el tema. “Ninguno de los dos gobiernos ha querido negar ni confirmar la información”, señaló.
También entrevistado por Noticias MVS primera emisión, Ramos explicó que para su investigación buscaron las listas de las personas asesinadas en México y cruzaron los datos con los de las armas usadas. De este modo lograron determinar que al menos 100 actos criminales en México se perpetraron con armas de Rápido y Furioso.
Sin respuesta de autoridades
Los periodistas cuestionaron las respuestas de los gobiernos de México y Estados Unidos, que evaden reconocer su responsabilidad en este caso, que supuso el suministro de más de 2 mil armas al crimen organizado por el gobierno estadunidense, a fin de seguirles el rastro.
Ramos se mostró suspicaz respecto a la respuesta del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de deslindar al procurador Eric Holder y asegurar que ni él ni Holder sabían de la operación. Sobre México, añade que “es muy poco probable que el gobierno mexicano no supiera”.
Reyes sostuvo que el gobierno mexicano debía estar enterado, pues la Procuraduría General de la República (PGR) tenía un delegado en Phoenix, Arizona, encargado exclusivamente de estar en contacto con agentes de Rápido y Furioso. “Resultaría muy difícil pensar que el agente se quedó con toda la información y no la compartió”, sentenció.
También comentó que durante tres o cuatro semanas llamaron a la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR “y no nos quisieron atender”.
Los periodistas mencionaron que hay indicios de que en Centroamérica se puso en marcha un plan similar a Rápido y Furioso, llamado Operación Náufrago.
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