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Firman acuerdos para atender Coronavirus en centros Teletón

Published

hace 6 años

May 12, 2020

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El Gobierno federal y la Fundación Teletón firmaron este martes un convenio para la reconversión hospitalaria temporal de las instalaciones de la fundación, con el objetivo de atender la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

En este sentido, los hospitales de Teletón en el país serán empleados para tratar a pacientes con COVID-19, a personas post-COVID-19, a menores con la enfermedad y gente con otros padecimientos, explicó Fernando Landeros, quien encabeza la fundación.

Los diversos Centros de Rehabilitación Infantil del Teletón (CRITS) del país serán utilizados para este fin, señaló Landeros.

El pasado 22 de abril el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó que la fundación colaboraría con videos para la rehabilitación pulmonar a distancia.

Estos contenidos de telerehabilitación estarán disponibles de manera gratuita en la página del Gobierno federal, indicó Landeros.

Además, dijo que actualmente 431 especialistas de los CRITS del país atienden vía telefónica, a través del 800 TELETON, servicio a todo el país.

Landeros detalló los avances de esta acción, y este es el modo en el que los centros hospitalarios de la fundación funcionarán de manera temporal:

-CRIT Coahuila: Centro ambulatorio de toma de pruebas de COVID-19. La autoridad sanitaria responsable es el Gobierno local.

-CRIT Chiapas: Da atención psicológica post COVID-19, la autoridad sanitaria responsable es el Gobierno estatal.

-CRIT Durango: Centro de consulta externa para diagnóstico de COVID-19. La autoridad responsable es el Gobierno local.

-CRIT Estado de México (Tlalnepantla): Hospital con 158 camas para pacientes no COVID-19. Ya está listo para recibir pacientes.

-CRIT Hidalgo: Hospital no COVID-19. La autoridad sanitaria responsable es el Gobierno estatal.

-CRIT Guadalajara, Jalisco: Hospital post COVID-19 en atención respiratoria. La autoridad sanitaria responsable es la propia fundación.

-CRIT Michoacán: Centro de consulta externa ambulatoria para pacientes no COVID-19, a través del uso de 40 por ciento de la infraestructura. La autoridad responsable es el Gobierno local.

-CRIT Sonora: Centro operativo de vigilancia epidemiológica.

-CRIT Veracruz: Centro de atención médica extendida para apcientes no graves post COVID-19.

-CRIT Baja California Sur: Hospitalización temprana de pacientes COVID-19 con síntomas leves o moderados que presenten factores de riesgo. Es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la autoridad operativa responsable.

-CRIT CDMX: Se reconvierte en hospital para atención temprana para pacientes COVID-19 con síntomas leves o moderados que presentan factores de riesgo. Son el IMSS y el Gobierno capitalino la autoridad responsable.

-CRIT Guanajuato: Hospital de atención temprana a pacientes COVID-19 con síntomas leves o moderados con factores de riesgo. El IMSS es la autoridad responsable.

-CRIT Guerrero: El hospital, que cuenta con 60 camas, es para pacientes no COVID-19. La autoridad sanitaria responsable es el Gobierno local y del ISSSTE, que hará una reconversión de los consultorios para dar consulta externa a pacientes no COVID-19.

-CRIT Nezahualcóyotl: Hospital de atención temprana para pacientes COVID-19 con síntomas leves o moderados con factores de riesgo, y la autoridad responsable es el IMSS.

-CRIT Oaxaca: Se reconvierte a hospital infantil no COVID-19. El Gobierno local es el responsable, mientras que el ISSSTE hará la reconversión de consultorios para ofrecer consulta externa a pacientes no COVID-19.

-CRIT Puebla: Hospital de atención temprana para pacientes COVID-19 que presentan factor de riesgo, donde el IMSS es la autoridad operativa responsable.

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

Published

hace 4 horas

Dic 5, 2025

segundoasegundo

El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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