Nota Principal
Cofepris autoriza el uso de emergencia de la vacuna anticovid de AstraZeneca
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó para uso de emergencia la vacuna contra COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la cual ya fue aprobada en Reino Unido e India.
El gobierno de México tiene un contrato por 74.4 millones de dosis de esta sustancia, que requiere dos aplicaciones, por lo que alcanzaría para alrededor de 37.2 millones de mexicanos. Aunado a esto, también se tiene previsto que en el país se produzca este fármaco, con apoyo de la Fundación Slim.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció este lunes en su cuenta de Twitter la noticia de la aprobación de la Cofepris, dependencia correspondiente a la subsecretaría que él encabeza.
El canciller Marcelo Ebrard celebró el hecho y aseguró que con esto iniciará muy pronto la producción en México.
La vacuna de AstraZeneca pertenece al portafolio de vacunas del mecanismo de COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con lo que México también podría acceder a más dosis de este fármaco por esta vía. A través de esta plataforma, se garantizaron vacunas para 20% de la población.
El antígeno de esta vacuna será importado de Argentina, pero envasado en el país, por lo que será producida aquí y se tendrá un acceso más temprano a ella, según lo había explicado la subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, a Expansión Política.
En México se tiene un plan para adquirir vacunas para 116 millones de habitantes, aunque el ritmo de la vacunación se va a prologar hasta 2022, cuando se estima que se alcance el 75% de la cobertura de inmunización.
Se tienen contratos de precompra de 34.4 millones de dosis de Pfizer, 35 millones de la empresa china CanSino y 34.4 millones de la plataforma COVAX. Se tiene programado que este martes se reciba otro lote de Pfizer y que se formalice la adquisición de 12 millones de dosis para tres meses, de enero a marzo, de la vacuna de CanSino.
Fuente: Expansión
Chihuahua
Corrupción evidente: El proyecto de Andrea Chávez por la candidatura caería por su hermano
El proyecto de Andrea Chávez para buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027 enfrenta uno de sus momentos más delicados. A los cuestionamientos que ya perseguían a su grupo político por la cercanía de la senadora con Adán Augusto López Hernández y el escándalo de La Barredora, ahora se suma un problema dentro de su propia familia: Gregorio Chávez Treviño, hermano de la legisladora, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión en Liconsa.
Las observaciones provienen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluyen pagos registrados a nombre de proveedores fallecidos, recursos entregados a productores que presuntamente no reunían los requisitos establecidos y operaciones relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron acreditarse.
La Cuenta Pública 2023 detectó alrededor de 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa y derivó en acciones encaminadas a determinar posibles responsabilidades administrativas. Gregorio Chávez era entonces gerente estatal del organismo en Chihuahua.
El escándalo amenaza con convertirse en algo mucho mayor que un problema administrativo para su hermano: ocurre cuando Andrea Chávez intenta consolidar su candidatura y cuando su principal grupo de respaldo político ya enfrenta un fuerte desgaste.
Pagos a proveedores que ya habían muerto
Entre las anomalías detectadas aparece una especialmente grave.
En operaciones relacionadas con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 fueron identificados pagos superiores al millón de pesos a nombre de dos proveedores que habían fallecido.
Uno murió el 5 de febrero de 2023 y el otro el 4 de marzo. Pese a ello, posteriormente continuaron registrándose pagos relacionados con el contrato.
La ASF detectó las inconsistencias mediante el cruce de los datos de los proveedores con registros oficiales de defunciones.
A ello se agregan otros señalamientos.
La fiscalización encontró recursos entregados a productores que presuntamente no cumplían las condiciones necesarias para acceder al precio de garantía y operaciones en las que no pudo acreditarse adecuadamente la recolección y traslado de la leche.
Las observaciones conocidas no constituyen por sí mismas una sentencia contra Gregorio Chávez. Corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y a los involucrados solventar las observaciones.
Sin embargo, políticamente el daño ya comenzó.
Morena pide investigar al hermano de Andrea
El caso consiguió algo poco habitual en la polarizada política chihuahuense: legisladores de Morena y PAN coincidieron públicamente en que Gregorio Chávez debe ser investigado.
Desde Morena se ha sostenido que el partido no debe proteger a nadie en caso de comprobarse irregularidades, mientras desde la oposición comenzaron a exigir investigaciones y responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.
El problema para Andrea Chávez es evidente.
Su hermano no ocupaba un puesto menor. Fue nombrado delegado estatal de Liconsa en noviembre de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial difundida públicamente, reportó ingresos netos anuales por más de 839 mil pesos provenientes de ese cargo.
Ahora su gestión aparece directamente alcanzada por una fiscalización que incluye millones de pesos sin aclarar y procedimientos para determinar eventuales responsabilidades.
Y todo ocurre mientras su hermana pretende convencer a Morena de entregarle la candidatura para administrar Chihuahua.
De Adán Augusto a La Barredora
El nuevo escándalo tampoco llega a un proyecto político intacto.
Andrea Chávez ha mantenido una estrecha relación política con Adán Augusto López Hernández, quien durante años fue uno de sus principales impulsores nacionales. Esa cercanía se convirtió en un problema después de que el nombre del tabasqueño quedara políticamente atrapado en el caso de Hernán Bermúdez Requena.
Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto y posteriormente fue acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, además de ser señalado como presunto líder de La Barredora.
El impacto sobre el proyecto chihuahuense no es nuevo: desde antes se advertía que los problemas políticos de Adán Augusto podían terminar perjudicando las aspiraciones de Andrea Chávez debido a la cercanía entre ambos y al respaldo que el tabasqueño brindó a su eventual candidatura.
Ahora el golpe ya no procede únicamente de su principal aliado político. Procede de su propia familia.
Hasta el momento no existe evidencia pública que vincule a Andrea Chávez o a Gregorio Chávez con La Barredora, ni que relacione las operaciones observadas en Liconsa con esa organización.
Lo documentado es otra cosa: Andrea Chávez ha formado parte del grupo político cercano a Adán Augusto; durante el gobierno del tabasqueño, Hernán Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad y posteriormente fue acusado de encabezar La Barredora; y ahora el hermano de la aspirante enfrenta sus propios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en Liconsa.
El apellido se convierte en problema electoral
Para Andrea Chávez, la controversia llega en un momento especialmente delicado.
Su proyecto depende primero de convencer a Morena de que puede competir por Chihuahua en 2027 y, posteriormente, de convencer a los electores de entregarle el gobierno estatal.
Las observaciones contra su hermano ofrecen nuevos argumentos a quienes, dentro y fuera de Morena, cuestionan ese proyecto.
El caso coloca frente a Chávez una contradicción política difícil de administrar: mientras Morena ha convertido el combate a la corrupción y los privilegios familiares en una de sus principales banderas, el hermano de una de sus aspirantes a gobernadora aparece ahora relacionado con operaciones observadas por el máximo órgano fiscalizador del país.
La investigación deberá determinar si Gregorio Chávez cometió alguna irregularidad y cuál fue su responsabilidad.
Andrea Chávez no puede ser responsabilizada jurídicamente por los actos de su hermano sin pruebas de su participación.
Pero una candidatura no se decide únicamente en tribunales.
También se construye alrededor de confianza, percepción pública, alianzas y costo político.
Y después del desgaste provocado por su cercanía con Adán Augusto y la sombra política del caso La Barredora, las irregularidades detectadas durante la gestión de Gregorio Chávez abren un nuevo frente justamente donde Andrea Chávez tenía menos margen para recibir otro golpe: dentro de su propia familia y rumbo a la batalla por 2027.
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