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Gobierno argentino apela amparo al Grupo Clarín

El gobierno argentino apeló ante la Corte Suprema el fallo de un tribunal que el jueves otorgó un amparo al Grupo Clarín para mantener sus concesiones de radio y televisión y frenó la aplicación de la Ley de Medios, informó la Presidencia Argentina en su sitio oficial.

“El Gobierno presentó este viernes ante la Corte Suprema de Justicia el recurso extraordinario de ‘per saltum’ (casos sensibles) a fin derevocar la extensión de la medida cautelar que favorece al Grupo Clarín”, señaló el sitio oficial de la Presidencia Argentina.

Cuando faltaban apenas 24 horas para que entrara en vigor la polémica nueva Ley de Medios Audiovisuales en Argentina, eje del conflicto entre el Gobierno de Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín, ayer un tribunal prorrogó la medida cautelar pedida por la empresa de medios hasta que haya una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos de la ley cuestionados por la compañía.

¿Por qué es polémica la nueva ley?

La Ley de Medios, como se le conoce a esta medida que pretende implementar Cristina Fernández de Kirchner, pone límites al número de licencias que una empresa pueda tener y obliga a aquellas compañías que los superen a venderlas o el Gobierno podrá volver a licitarlas.

Según el Grupo Clarín, la nueva legislación avasalla derechos de propiedad adquiridos y por eso había presentado un recurso judicial para que los artículos que obligan a desprenderse de licencias fueran declarados inconstitucionales. El Gobierno, por su parte, publica el diario La Nación, afirma que busca la democratización de los medios.

Por último, el ministro de Justicia de aquel país, Julio Alak declaró que “Si alguien piensa que esto puede desmoralizar a la Presidenta , no la conocen” en un programa donde estuvo acompañado del director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martin Sabatella, que han sido impulsores de la medida que pretende instaurar la titular del ejecutivo.

(Con información de Reforma y La Nación.com.ar)

 

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México

Posibles operaciones militares de Trump contra cárteles en México generarían consecuencias desastrosas, advierten expertos

Analistas en temas de seguridad y de la relación bilateral entre México y Estados Unidos alertaron que los planes del gobierno de Donald Trump para emprender acciones militares contra cárteles mexicanos serían interpretados como un acto de agresión y podrían provocar efectos contraproducentes de gran escala, además de partir de un diagnóstico equivocado sobre cómo operan estos grupos criminales.

De acuerdo con un reporte del periodista independiente Ken Klippenstein, la administración estadounidense prepara para mediados de septiembre una estrategia que incluiría operaciones en territorio mexicano bajo la orden directa del presidente Trump.

Geoffrey Corn, director del Centro de Derecho y Política Militar de la Texas Tech School of Law, advirtió a Newsweek que cualquier incursión sin consentimiento de México violaría la Carta de la ONU y el derecho internacional. “Estados Unidos alegará defensa propia, pero este derecho solo aplica ante un ataque armado real o inminente, no frente a actividades de grupos no estatales que generan daño, como es el caso de los cárteles”, explicó.

La intención surge tras la designación de varias organizaciones criminales como Terroristas Extranjeros (FTOs) en febrero. El Pentágono, a través de su vocero Sean Parnell, reiteró que estos grupos representan una “amenaza directa” para la seguridad nacional y señaló su responsabilidad en la violencia hemisférica, el tráfico de drogas y la desestabilización económica.

No obstante, especialistas advirtieron que un operativo militar sería inviable y riesgoso. David Mora, analista senior para México en el International Crisis Group, destacó que el narcotráfico funciona mediante redes pequeñas y dispersas, con laboratorios improvisados en ciudades como Culiacán. “Un ataque con drones sería extremadamente peligroso; y si se tratara de capturar a un líder, quizá sonaría a victoria política, pero la experiencia demuestra que esto solo incrementa la violencia”, apuntó.

Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio de Norteamérica en la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, coincidió en que la estrategia confunde los fenómenos de migración y violencia. Recordó que la designación de los cárteles como terroristas podría reforzar solicitudes de asilo, pues la violencia genera desplazamientos internos que eventualmente llegan a la frontera. “Una intervención militar estadounidense detonaría más migración, justo lo contrario a lo que busca la administración Trump”, advirtió.

Los expertos coincidieron en que las medidas, además de carecer de sustento jurídico, pondrían en riesgo la relación bilateral y tendrían un enorme costo político para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Mora recalcó que cualquier acción unilateral sería vista en México como una invasión: “Imagina el lema: ser la presidenta bajo cuyo mandato Estados Unidos volvió a invadir México. Políticamente sería devastador”.

Datos de la Comisión de Sentencias de EU muestran, además, que el problema del fentanilo no se reduce a actores extranjeros: en 2024, el 83.5% de los sentenciados por tráfico de esta droga eran ciudadanos estadounidenses.

En opinión de Corn, el riesgo central es que la Casa Blanca pretenda usar la fuerza militar como solución universal: “Cuando piensas que tu mejor herramienta es un martillo, todo problema empieza a parecer un clavo. El narcotráfico no es un asunto que se resuelva con ataques militares”.

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