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México

Vinculan a proceso por tercera vez en México al exgobernador Tomás Yarrington; ahora por delincuencia organizada

Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta es la tercera causa penal abierta en su contra en territorio mexicano.

Yarrington, de 68 años y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, tras haber sido deportado a México el pasado 9 de abril por autoridades estadounidenses. Fue entonces puesto a disposición de un juez por elementos de la Policía Federal Ministerial y la oficina de INTERPOL México.

Los nuevos cargos se suman a dos vinculaciones anteriores: una del 16 de abril, por delitos contra la salud, y otra del 22 de mayo, también por operaciones con recursos ilícitos. En conjunto, los procesos delinean un amplio expediente judicial en su contra por su presunta colaboración con organizaciones delictivas durante y después de su mandato como gobernador de Tamaulipas (1999–2005).

Cabe recordar que Yarrington fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber recibido millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo entre 1998 y principios de los años 2000. A cambio, el entonces funcionario habría permitido el paso de grandes cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense, protegiendo las operaciones del grupo criminal en la frontera noreste del país.

Tras su detención en Italia en 2017 y posterior extradición a Estados Unidos, Yarrington enfrentó una sentencia por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, misma que cumplió parcialmente antes de ser enviado a México para responder por sus delitos pendientes.

La FGR detalló que el nuevo proceso por delincuencia organizada está sustentado en pruebas que lo vinculan con el manejo de recursos obtenidos a través de sobornos y operaciones del crimen organizado durante su ejercicio como servidor público.

Tamaulipas, estado que gobernó entre 1999 y 2005, ha sido históricamente una de las entidades con mayor incidencia de violencia y actividades delictivas vinculadas al narcotráfico. Durante su gestión, distintos informes periodísticos y de inteligencia señalaron el crecimiento del poder del Cártel del Golfo y el surgimiento de su brazo armado, Los Zetas.

Hasta ahora, Yarrington ha rechazado todos los cargos y ha promovido diversas impugnaciones legales, una de las cuales fue recientemente declarada infundada por un tribunal mexicano. Las autoridades federales no han descartado la apertura de nuevas carpetas de investigación en su contra.

México

Corte ordena a Chihuahua legislar contra injerencia extranjera en elecciones

Corte ordena a Chihuahua legislar contra injerencia extranjera en elecciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este martes una orden al Congreso del Estado de Chihuahua para que legisle en contra de la injerencia extranjera en las elecciones estatales. Esta decisión se deriva de la conclusión de que el Congreso omitió incluir en su reforma electoral del 30 de junio una causal de nulidad que establece la Constitución federal, la cual debe ser considerada cuando la intervención externa influya en los resultados electorales.

El fallo fue aprobado por unanimidad y se produce en un contexto donde la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional (PAN), fue acusada en mayo por el partido Morena de presunta “traición a la patria” debido a la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en operaciones de seguridad en el estado.

Sin embargo, la adecuación legislativa que deberá realizar el Congreso local no podrá aplicarse al proceso electoral que comenzará el próximo 1 de octubre, ya que la Constitución establece que las modificaciones electorales fundamentales deben ser publicadas al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que se pretende aplicar. Por lo tanto, las nuevas disposiciones solo podrán entrar en vigor en el siguiente proceso electoral.

La resolución del Pleno de la SCJN se basa en un proyecto presentado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien abordó cuatro acciones de inconstitucionalidad —96/2026 y sus acumuladas 97, 99 y 103— que fueron promovidas en contra de la reforma del 30 de junio a la Constitución de Chihuahua, la Ley Electoral y el Código Municipal del estado.

La ministra Herrerías Guerra explicó que el proyecto propone declarar fundados los agravios relacionados con la omisión legislativa, dado que el Congreso local sí legisló sobre infracciones, sanciones y nulidades vinculadas con violencia, delincuencia e influencia indebida. Sin embargo, no se logró armonizar de manera integral el régimen local con la nueva causa constitucional de nulidad.

Además, el fallo también identificó una omisión legislativa en materia de nepotismo electoral, a sugerencia de algunos ministros, aunque el proyecto original había concluido en sentido contrario. Esta adecuación tampoco tendrá efectos en el proceso electoral 2026-2027.

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